Cuando el Gobierno incluyó una moratoria en el pago de las hipotecas entre las medidas que aprobó el pasado martes para hacer frente a las consecuencias económicas provocadas por la crisis del coronavirus, el aplauso fue casi unánime y muchas familias respiraron aliviadas, ante la perspectiva de poder aplazar el pago de la letra. Sin embargo, una semana después son muy pocos los que han conseguido ni tan siquiera presentar la solicitud ante la dureza de los requisitos exigidos y la cantidad ingente de documentación que hay que aportar, especialmente difícil de conseguir en un momento de movimientos limitados.
De esta forma, la letra pequeña ha convertido la moratoria en una auténtica carrera de obstáculos, que amenaza con hacer fracasar una de las medidas estrella del Ejecutivo para aliviar las consecuencias del estado de alarma, según apuntan asociaciones como Asufin o Adicae, y que, incluso, ha obligado a los ayuntamientos a modificar sus procedimientos para poder entregar los certificados de empadronamiento que exige la tramitación del aplazamiento.
Una complejidad que reconocen en privado los propios responsables de las entidades financieras, aunque en público eluden realizar ningún comentario y se limitan a señalar que son una simple «correa de transmisión» de lo que ha decidido el Ejecutivo. Una situación que sorprende aún más si se tiene en cuenta que se trata de una medida transitoria, cuya vigencia durará apenas 15 días más que la establecida para el Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente al Covid-19, lo que significa, en principio, hasta el 3 de mayo.
Las condiciones
La primera queja de las asociaciones de usuarios de banca llega por las condiciones para acceder al aplazamiento. No basta con que el solicitante haya perdido su empleo por los efectos del coronavirus o, en caso de ser empresario o profesional, que haya sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o de sus ventas. Deben cumplirse, además, otros tres requisitos. El primero, que la suma de la cuota de la hipoteca más los gastos básicos supere el 35% de todos los ingresos de la unidad familiar. En segundo lugar, que la crisis sanitaria haya «alterado significativamente las circunstancias económicas de la familia», lo que significa que la carga hipotecaria sobre las finanzas del hogar se haya multiplicado por 1,3 o que las ventas del negocio hayan bajado un 40%. Y, en tercer lugar, que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.613 euros. Una cantidad que aumenta con cada hijo o persona mayor que se tenga a cargo.
«Con poner un requisito, hubiera bastado. Hablamos de un aplazamiento, no de perdonar la deuda y todo esto, además de que resulta incluso complicado de entender para la mayoría, hará que los posibles beneficiados se reduzcan mucho», denuncia la presidenta de Asufin, Patricia Suárez. «Esto ya ocurrió con la moratoria de Zapatero o el Código de Buenas Prácticas del PP para frenar los desahucios, que fracasaron por un exceso de exigencias», señala también el presidente de Adicae, Manuel Pardos, quien recuerda, además, que las clases más desfavorecidas, a las que podría beneficiar el decreto en su redacción actual, «no tienen hipotecas porque no pueden acceder a ellas», por lo que considera un sinsentido tanta restricción.
El segundo gran problema llega con la documentación. Además de los certificados del paro o del cese de actividad, hay que aportar, por ejemplo, una nota simple del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. «Se puede conseguir telemáticamente, pero es un trámite más, una complicación más», apunta Patricia Suárez. Y no es la mayor, también son necesarias las escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria, a pesar de que el banco ya las tiene.
No obstante, lo más complicado estos días ha sido conseguir el certificado de empadronamiento de todas las personas que residen en la vivienda. Un trámite que, para quien no tenga firma digital, resulta imposible de realizar con los servicios de atención al ciudadano de los ayuntamiento cerrados. Tanto es así, que el número de consultas recibidas ha llevado a los consistorios de Alicante y Elche a articular un procedimiento extraordinario para facilitar el documento sin necesidad de firma digital, a través del correo electrónico, según explicaron ayer el concejal de Modernización del consistorio de la capital, Toño Peral, y su homólogo ilicitano, Ramón Abad. En el caso de Alicante se exige una imagen del último recibo de la hipoteca y de los DNI de los residentes, para que los funcionarios puedan comprobar la autenticidad de la solicitud, además de una declaración jurada de su veracidad, que puede conllevar consecuencias penales.
Sin nuevas firmas digitales mientras dure la alarma
El cierre de la atención al público impide a los consistorios proporcionar este sistema de identificación
Quienes deseen realizar algún trámite con la Administración estos días y no dispongan ya de firma digital lo van a tener complicado. La supresión de la atención presencial, salvo para casos absolutamente imprescindibles, durante la declaración del estado de alarma ha llevado a que las oficinas de atención ciudadana de los consistorios, que eran unas de las que facilitaban este servicio, hayan dejado de prestarlo. Todo un contrasentido cuando es en estas circunstancias cuando más se tira de los canales online. Al menos éste es en el caso de los ayuntamientos de Alicante y Elche, que no consideran esencial la expedición de estos certificados en estos momentos, entre otros motivos, «porque todos los plazos de los trámites con la Administración están suspendidos», según apunta el ilicitano Ramón Abad.
Un argumento que también repite el alicantino Toño Abad que, no obstante, recuerda que, desde hace un par de meses, gran parte de los servicios telemáticos que ofrece el consistorio de la capital de la provincia se pueden realizar también con la Clave PIN, que puede solicitarse de forma telemática, sin necesidad de que el usuario acuda personalmente a ningún sitio.
