El Gobierno ha aprobado este martes la puesta en marcha de un primer tramo de avales de 20.000 millones de euros para garantizar la liquidez de las empresas más afectadas por la crisis del coronavirus, y la mitad de ese importe servirá para garantizar nuevos préstamos a pymes y autónomos.
La garantía del Estado cubre, en el caso de autónomos y pymes, el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación, según ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Para el resto de empresas, ha detallado, el Estado garantiza el 70% de la nueva financiación concedida por los bancos y el 60 % de las operaciones de renovación, esto es la renovación de líneas de liquidez y no la refinanciación de préstamos del pasado.
El Consejo de Ministros ha acordado en la reunión de este martes las características de este primer tramo de avales de 20.000 millones, que forma parte del plan del Ejecutivo para llegar a disponer hasta 100.000 millones en garantías, una de las medidas urgentes y extraordinarias aprobadas para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.
El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo, destacó la portavoz y también el Ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado.¿Quién podrá pedirlos?
Podrán solicitar los avales públicos las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del coronavirus, siempre que a cierre de 2019 no estuvieran considerados morosos o hayan entrado este año en un procedimiento concursal.
Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley de medidas extraordinarias, que se produjo el pasado día 18 de marzo.
Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020 y para ello deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.
El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras, subraya el departamento que dirige Nadia Calviño, pero gracias a esa garantía se da por hecho que la banca estará más dispuesta a financiar al compartir el riesgo.
En cuanto al tipo de interés aplicado, las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los intereses que aplicaba antes del inicio de la crisis del Covid-19.
También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.
El Gobierno hará un seguimiento de este primer tramo de avales a medida que avance la crisis para decidir en qué momento y en qué condiciones libera otros tramos, pues está dispuesto a ofrecer garantías por hasta 80.000 millones más si hiciera falta.
A pesar de que la banca no tiene ningún problema para conceder financiación en estos momentos, la importancia de los avales está en que facilita la operación y permite que ante la actual parálisis económica autónomos, pymes y empresas obtenga liquidez para el pago de salarios, facturas, circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años.
