Sectores alicantinos y autónomos ven el plan del Gobierno necesario pero insuficiente

No obstante, todos añadieron la coletilla de que resultaban «insuficientes»; «no era lo que preveíamos» o «han faltado medidas valientes de protección a las compañías», como subrayó Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec. El Gobierno ha prometido hasta 200.000 millones para aliviar el efecto de la crisis del coronavirus. «Una cantidad apabullante», resaltó Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio, pero los sectores se detuvieron ayer a estudiar la «letra pequeña» del decreto ley, porque querían saber, por ejemplo, las condiciones de los avales para que las empresas obtengan liquidez, y «sobre las garantías y porcentajes de esos avales», indicó Marián Cano, presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas del Calzado (Avecal). Igualmente, mostraron preocupación por los criterios exigidos para solicitar un ERTE, que tiene que ser por fuerza mayor. Entendían que esta condición no solo debía circunscribirse a los negocios que han tenido que cerrar por el decreto del estado de alarma, como el comercio, salvo los servicios básicos, o la hostelería.

Cancelaciones de pedidos

El juguete consideró que también es fuerza mayor que las empresas de este sector, al igual que otras exportadoras, estén sufriendo cancelaciones de pedidos en Europa y en España «porque el comercio está cerrado, por lo que la industria tiene que bajar o parar su actividad», apuntó el ibense José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ). A nivel general, estas actividades, al igual que el metal, el mármol o el turismo demandaron que el decreto del Gobierno tenga una segunda parte, «en la que se amplíen las medidas para las empresas», sostuvo Luis Rodríguez, secretario general de la patronal metalúrgica provincial Fempa. Una petición que también hizo Perfecto Palacio. El presidente de la CEV en Alicante advirtió de que, a corto plazo las compañías no van a tener ingresos, por lo que «se hace imprescindible una moratoria y aplazamientos en los pagos». Y, a medio plazo, la pérdida de rentabilidad que tendrán muchas mercantiles por el descenso o el parón de la actividad le harán entrar en pérdidas, dijo. Así, Palacio reiteró que se tienen que tomar medidas «más claras y contundentes para reestructurar el endeudamiento financiero de las empresas».

Otro de los asuntos que más preocupación está causando a las empresas es el de la fiscalidad. Luis Rodríguez echaba de menos «un mayor aplazamiento del IVA», así como la suspensión de las cotizaciones sociales durante un mes en el caso de las empresas que no presenten un ERTE, como sí está previsto para las que soliciten estos ajustes laborales temporales.

Menos presión fiscal

Asimismo, los empresarios hicieron un llamamiento para que no se consume el anuncio de una mayor presión fiscal avanzado por el Gobierno antes de que estallara esta situación de emergencia sanitaria. Los más críticos con las medidas del Ejecutivo fueron los comerciantes, en su mayoría autónomos, y que en la provincia componen un colectivo de más de 10.000 negocios comerciales. El secretario general de la patronal del pequeño y mediano comercio Facpyme, Francisco Rovira, aseguró que «la prestación por cese de actividad para los autónomos ya se tiene si cesas la actividad. No nos han regalado nada». Además, pidió que las moratorias previstas para las cuotas de las hipotecas se extiendan a los alquileres, ya que muchos negocios se encuentran en esta situación. También los hosteleros valoraron insuficiente el decreto del Ejecutivo, según la asociación de restaurantes ARA.

Menos crítico, aunque también reclamaba ampliar las medidas era Javier Pastor, secretario general en la Comunidad de UPTA, que engloba a los autónomos. Pastor indicó que es un «alivio» para unos 69.000 trabajadores por cuenta propia el hecho de la suspensión de la cuota si cesas de actividad, «porque sí te computa como cotización».