Los juzgados de lo Social tendrán un servicio de guardia para atender pleitos laborales derivados de la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) así como de ERE en las empresas como consecuencia de la falta de actividad por la crisis del coronavirus, según confirmó este diario en fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa. Ante un más que probable aumento de estos pleitos laborales, éstos se considerarán como urgentes y no se verán afectados por la paralización judicial
En este punto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tienen unas visiones diferentes sobre cuál debe ser el alcance de esta medida. La Comisión Permanente del CGPJ incluye estos procesos dentro de lo que se consideran servicios esenciales que deben estar garantizados de manera general, con independencia de que el pleito tenga relación con la crisis sanitaria. Mientras que la Comisión de Seguimiento del Covid-19 del TSJ tiene una visión más restrictiva al entender que, en la jurisdicción social, sólo deben celebrarse aquellas vistas, actuaciones, medidas cautelares y trámites de ejecución relativos a conflictos colectivos, ERTES y ERES y tutela de derechos fundamentales que dimanen de la propia aplicación del estado de alarma.
El decreto de servicios mínimos de la Conselleria de Justicia prevé que haya un mínimo de dos funcionarios por cada juzgado de lo Social para atender las incidencias del día, mientras que para toda la jurisdicción habría un magistrado más otro de refuerzo y que se irían turnando rotatoriamente entre los siete juzgados de lo Social que tiene Alicante. En la Audiencia cada día estarán de guardia tres magistrados en turnos rotatorios para asuntos penales y otro para la jurisdicción civil. Por su parte, el Colegio de la Abogacía (Icali) tiene cerradas sus oficinas de atención al público y a profesionales en la calle Gravina y sólo se atiende vía telefónica o telemática, entre las 8.30 y las 14.30 horas. Por las tardes, la sede estará cerrada para minimizar el riesgo de contagios entre los trabajadores.
La previsión es que a lo largo de los próximos días numerosas empiecen a presentar ERTE u otro tipo de medidas para tratar de compensar las cuantiosas pérdidas derivadas de la suspensión de la actividad, motivo por el que también se prevé que en aquellos casos en los que haya podido vulnerar derechos de los trabajadores acaben acudiendo a los tribunales. De hecho, ayer ya se registraron más de 40 ERTES en la provincia de Alicante.
