La histórica firma de calzado Paco Herreno, la marmolera Luis Sánchez Díez o la promotora del expresidente del expresidente del Hércules Valentín Botella Procumasa son sólo algunos ejemplos. Mucho antes de que la crisis provocada por el coronavirus pusiera en jaque a la economía mundial, los efectos de la desaceleración ya se dejaban notar en el tejido productivo de la provincia, con un notable repunte de los concursos de acreedores, las demandas por despidos conflictivos o las reclamaciones de deudas vencidas.
Así lo refleja el último informe sobre los Efectos de la crisis en los órganos judiciales, que elabora periódicamente el Consejo General del Poder Judicial y que supone un buen termómetro de la situación por la que atraviesan las empresas del país y la provincia. Una situación que, sin ser mala, mostró ya el año pasado algunos signos de deterioro ante la pérdida de fuelle de la economía.
El más relevante es el repunte, por segundo año consecutivo, de la cifra de concursos de acreedores que se presentaron en los juzgados, que pasaron de 429 a 543 en todas sus modalidades, lo que supuso un incremento de casi un 27%. El mayor volumen correspondió a las empresas, que protagonizaron 337 procesos, con un aumento de alrededor de un 14%.
«Tras la limpieza que se produjo durante los años más duros de la crisis, hubo un parón en las solicitudes de concurso gracias al empuje que supuso la recuperación. Sin embargo, con el freno del crecimiento han aflorado los problemas que tenían muchas empresas, lo que ha provocado este nuevo repunte», explica el abogado y presidente de Fundesem, Cayetano Sánchez Butrón, que asegura que, generalmente, se trata de firmas que ya presentaban algún problema anterior o encuadradas en sectores con alguna dificultad.
Sería el caso del mármol, que acusa la caída de la demanda de este material en las nuevas construcciones, o del calzado, donde muchas compañías tienen problemas para afrontar el cambio de modelo de distribución que comporta el comercio electrónico.
Por su parte, los concursos protagonizados por personas físicas crecieron aún más, un 56%, al pasar de 132 a 206. En esta caso, junto con la ralentización de la economía también ha influido el mayor conocimiento que existen entre los profesionales de la denominada ley de segunda oportunidad, que intenta fomentar que los particulares también puedan quedar libres de deuda tras someterse a este proceso, como explica el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, que señala que el colectivo ya advirtió de este incremento de las antiguas suspensiones de pagos durante el Congreso Profesional del Mediterráneo que celebraron el pasado mes de septiembre. «Es la consecuencia del menor empuje de la economía y todo apunta que ve a seguir en aumento este año, y más ahora con el parón que se ha producido con todo el tema del coronavirus», se lamenta Menargues.
Este deterioro de la situación también se notó, por ejemplo, en el aumento del número de alicantinos que acudió a los tribunales después de ser despedido. En 2019 ya fueron más de 5.000, un 18% más que el año anterior y un volumen de litigiosidad laboral que no se alcanzaba desde el año 2012. De la misma forma, las reclamaciones de cantidad por impagos de salarios o de cotizaciones a la Seguridad Social también se incrementaron un 5,4%, hasta sumar 3.399.
Por su parte, los monitorios, es decir, las demandas para reclamar el pago de deudas vencidas, también ascendieron otro 24%, hasta superar los 31.000 procesos, según las mismas fuentes, lo que indica un repunte de la morosidad.
