El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ya ha pagado al Sabadell los 1.300 millones de euros correspondientes a la factura del año pasado del Esquema de Protección de Activos (EPA), el mecanismo que se concedió a la entidad presidida por Josep Oliu para ayudarle a digerir los activos inmobiliario tóxicos que recibió al quedarse con el negocio de la CAM.

Con este nuevo pago, el Fondo de Garantía, que se nutre de las aportaciones obligatorias de todas las estidades españolas, ya ha realizado seis desembolsos anuales, por un importe de casi 5.600 millones de euros. Una cantidad a la que hay que sumar los 5.249 millones que le inyectó en forma de capital al entonces Banco CAM antes de subastarlo, los alrededor de 3.882 millones en provisiones que tenía la entidad alicantina antes de su desaparición y los alrededor de 1.400 millones que debe asumir el Sabadell para cubrir el 20% que le corresponde de estos deterioros.

Esto suma unas pérdidas totales hasta la fecha de más de 16.000 millones en el negocio de la antigua caja, que fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011. Una cifra que aún no es la definitiva ya que, según lo pactado entre el Sabadell y el Fondo de Garantía cuando el banco decidió vender aceleradamente el ladrillo tóxico que le quedaba en tres grandes carteras en el verano de 2018, la entidad aún debe recibir alrededor de 1.800 millones más el próximo ejercicio.

El Esquema de Protección de Activos fue el mecanismo que idearon el Gobierno y el Banco de España para ayudar al comprador del negocio de la CAM a liquidar los activos inmobiliarios que acumulaba la entidad en su balance y que fue una de las principales causas de su quiebra. Inicialmente abarcaba una cartera de inmuebles y créditos de promotores -muchos de ellos en situación de mora- de 24.600 millones de euros.

El mandato que se dio al Sabadell fue el de ir vendiendo o normalizando estos activos y que, a cambio, el Fondo asumiría el 80% de las pérdidas generadas, mientras que le propio banco correría con el 20% restante, que sería el precio que la entidad desembolsaría, por así decirlo, a cambio de quedarse con el negocio financiero de la CAM. Este mismo sistema se utilizó tambié cuando BBVA se quedó con Unnim, mientras que en el caso de las cajas intervenidas con posterioridad se optó por traspasar estos activos tóxicos a una sociedad de nueva creación -la Sareb, también conocida como banco malo- para que los liquidara.