Jóvenes Agricultores Asaja-Alicante anunció ayer, tras la tractorada histórica del miércoles en Alicante, que continuarán las protestas del campo ya que, aunque el paquete de medidas aprobado en el Consejo de Ministros es un avance, considera que la Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria propuesta se queda corta. «Exigimos que se interrumpa la inercia que se produce en la cadena de valor, y conseguir que el precio de origen se construya a partir de los costes de producción, se prohíba la venta a pérdidas en el sector de frutas y hortalizas en fresco, y se aborde la política europea de tratados con terceros países que nos producen una competencia desleal abusiva», subrayó ayer Eladio Aniorte, presidente de Asaja-Alicante. Hoy entra en vigor el decreto del Gobierno que, entre otras medidas, prevé multas de hasta un millón de euros a aquellos supermercados e hipermercados que vendan la fruta y la verdura por debajo de los precios de coste.
Más de 400 tractores y 2.000 agricultores y ganaderos de la provincia de Alicante se concentraron en un acto de protesta para denunciar que están al límite, que el bajo precio que les pagan por sus productos les está asfixiando, mientras que, por contra, tienen que afrontar elevados costes de producción.
«Tenemos que asegurarnos que, por ejemplo, los supermercados que venden uva de agosto a diciembre no oferten uva de terceros países mientras aquí quede sin recolectar, lo mismo con el resto de los cultivos como cítricos, oliva, aceite, fruta de hueso, hortalizas», señaló ayer Eladio Aniorte. El presidente de Asaja reclamó, en este sentido, «la necesidad de instaurar el principio de preferencia comunitaria, por el que se consuma, en primer lugar, el producto europeo y, después, se dé entrada a las importaciones», aseveró Aniorte.
Asaja urge al Gobierno a que trabaje para que la UE aplique un principio de reciprocidad, aumentando el control en las aduanas y evitando la entrada de productos que no cumplan con las mismas exigencias en el uso de fitosanitarios en defensa también de la salud de los consumidores, ya que en otros países «se utilizan productos fitosanitarios prohibidos hace décadas en nuestro continente por ser cancerígenos», apuntó Aniorte. «Debe velarse porque las condiciones laborales que se aplican en los países competidores sean las mismas. Los agricultores europeos cumplen con exigencias para respetar el medio ambiente y garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores que eleva los costes de producción. Lo mismo sucede con los gastos derivados de la mano de obra. Si no se imponen las mismas condiciones, sufrimos una competencia desleal y un dumping social insoportable», destacó Aniorte.
Por otro lado, supermercados e hipermercados tienen prohibido desde hoy jueves la venta a pérdida y las promociones engañosas de productos tras la entrada en vigor del paquete de medidas aprobado esta semana por el Gobierno para garantizar unos precios justos a los agricultores y ganaderos y aliviar así la crisis del campo. En la nueva norma se consideran infracciones graves que antes eran leves, no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. Además, se consideran como infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, así como realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.
Los establecimientos comerciales que vendan productos alimentarios de forma reiterada a un precio inferior a los costes de producción en España incurrirán en una falta muy grave cuya sanción está fijada entre 100.000 euros y un millón de euros.
