La Comisión Europea (CE) advirtió este miércoles a España de que ligar la actualización de las pensiones a la inflación podría aumentar el gasto público y la desigualdad entre generaciones, al tiempo que le pidió no revertir la reforma laboral de 2012 sin evaluar antes sus consecuencias.

Las advertencias se recogen en el informe anual del Ejecutivo comunitario sobre la economía española, un extenso documento que pasa revista a la situación fiscal y laboral, así como a los progresos hechos en las reformas que recomendó Bruselas el año pasado.

La CE señala que España, pese a acumular seis años de crecimiento del PIB y del empleo, sigue registrando "vulnerabilidades estructurales" ligadas al alto nivel de la deuda pública y privada, la todavía elevada tasa de paro y la baja productividad.

Por el lado fiscal, Bruselas destaca que la deuda pública solo cae lentamente y sigue en niveles muy altos, del 96 % del PIB al cierre de 2019, pese a la buena coyuntura y los bajos costes de financiación de los últimos años. La privada, por su parte, se sitúa en el 132 % del PIB.

El déficit público se mantiene "tozudo" en cotas elevadas y solo bajará del 2,3 % del PIB en 2019 al 2,1 % este año, apunta el informe.

A la vista de estos datos, Bruselas considera que existen riesgos "importantes" a medio y largo plazo para la sostenibilidad del sistema fiscal español y apunta, en concreto, a los cambios en el sistema de pensiones introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para el Ejecutivo comunitario, vincular permanentemente las pensiones al índice de precios al consumo (IPC) y desvincular el nivel de la pensión inicial de los cambios en la esperanza de vida "aumentaría de forma importante el gasto en pensiones a medio y largo plazo y empeoraría la equidad entre generaciones" si no se toman medidas compensatorias.

4% del PIB

En concreto, Bruselas calcula que vincular las pensiones a la inflación aumentará el gasto en un 4 % del PIB y que eliminar el factor de sostenibilidad supondría un incremento adicional del 0,7 % del PIB.

La CE subraya, además, que estos cambios se producen en un contexto en el que la pobreza "afecta sobre todo a los jóvenes, incluidos los niños", mientras que la adecuación de las pensiones en el futuro estará por encima de la media de la UE.

A juicio de la CE, si se revierten estos dos elementos de la reforma de las pensiones que aprobó en 2012 el Gobierno del PP "se corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy a expensas de las futuras generaciones".

El Ejecutivo comunitario advierte, además, sobre una posible reversión de la reforma laboral adoptada ese mismo año por el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que a su juicio ha "sustentado la fuerte creación de empleo" durante la recuperación. "Será importante que cualquier nueva medida solo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se preserven los logros de las reformas pasadas", dice el informe.

También en materia laboral, la CE señala que el incremento del salario mínimo, de un 22,3 % en 2019, "ha aumentado los costes laborales", y que se han anunciado nuevos incrementos hasta 2023, aunque aún no se ha cuantificado su efecto sobre el empleo y las tasas de pobreza.

Bruselas vuelve a destacar que España es el país con un mayor número de contratos de trabajo temporal, un 26 % del total, y que el riesgo de pobreza y exclusión social "sigue siendo alto, en particular entre los niños".

La CE, que se ha propuesto introducir una mayor perspectiva medioambiental en estos informes, señala que España es uno de los países más expuestos al cambio climático y, sin embargo, sus ingresos por tasas medioambientales "están entre los más bajos de la UE". "La adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la resistencia ante desastres requiere inversiones", dice la CE.

Sobre la base de este análisis, la CE concluye que España no ha hecho progresos para preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones ni reforzar su marco fiscal, como le recomendó el año pasado. Considera, no obstante, que sí avanzó en materia de eficiencia energética y en reforzar la capacidad de sus servicios de empleo y sociales.

Los informes que la CE elabora para cada país de la UE se inscriben en su ciclo de vigilancia de los presupuestos comunitarios, pero sirven sobre todo como recordatorio a los Gobiernos de las tareas pendientes.

En el caso de España, además, se ha elaborado sobre la base de unas cuentas prorrogadas, a falta de que el Gobierno remita el presupuesto de 2020.