El secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, anunció ayer que la Generalitat adaptará la «extensa y dispersa» legislación medioambiental de la Comunidad referente a la instalación de explotaciones agrarias para frenar la fuga de granjas a otras a regiones colindantes. Esta iniciativa, comunicada en su reunión con dirigentes de organizaciones de ganaderos, pretende facilitar la ubicación de granjas de todo tipo de ganados mediante la puesta en marcha de oficinas de proximidad que actúen como «ventanillas únicas» y faciliten las relaciones con la administración medioambiental.

Esta medida de la Conselleria arranca tras el informe encargado al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante en el que se reconoce que la legislación valenciana, a diferencia de otras regiones, es «complicada». En autonomías como Aragón, Cataluña o Castilla-La Mancha, según la conclusiones del citado estudio, las granjas de ovino, vacuno o porcino de aquellos territorios tienen mejores condiciones administrativas que la Comunidad para desempeñar su actividad ganadera.

Mulero, acompañado también por el director general de Agricultura, Roger Llanes, tras analizar la situación del sector, reconoció que sigue las recomendaciones de la consellera Mireia Mollà para corregir estos desequilibrios y poder facilitar la actividad en las explotaciones ganaderas actuales y futuras de la Comunidad respetando siempre las exigentes normas medioambientales. Según Mulero, el informe ha puesto de manifiesto la «amalgama de normas administrativas, tanto estatales como de ámbito autonómico, mientras otras regiones ya hace tiempo que las han revisado para adaptarse a la situación actual. No se trata de bajar la guardia en las exigencias medioambientales, aunque sí adecuarlas a las tecnologías y las necesidades actuales. Los planes pasan por no asustar a los ganaderos frenando posibles inversiones o nuevas instalaciones», puntualizó Rodríguez Mulero.