La Consellera de Agricultura, Mireia Mollà, mantuvo ayer un encuentro con representantes de las organizaciones agrarias y cooperativas -también acudió la patronal Comité de Gestión de Cítricos, que agrupa a las grandes empresas exportadoras- para buscar soluciones a la crisis del campo en un intento por calmar los ánimos de un sector cada vez más preocupado por su incierto futuro, sobre todo tras otra campaña de hundimiento de precios en origen y de pérdida de rentabilidad en explotaciones de cítricos, viñedo, oliva y caquis, entre otros cultivos.
Mollà comunicó a las organizaciones agrarias que la Comunidad Valenciana será la primera autonomía en poner en marcha una ley de índices de precios en el campo que establezca con «objetividad, transparencia y oficialidad» los costes mínimos de producción vinculados a cada cultivo. Y garantizó que será «reivindicativa» ante el Gobierno central para que la postura española en la negociación de la Política Agraria Común «respete la singularidad valenciana», así como en el ámbito europeo frente a los tratados de libre comercio y la competencia desleal.
Política de «gestos»
Con todo, las organizaciones agrarias calificaron solo de «buena voluntad» los «gestos» de la consellera por reunir a las entidades del sector pocos días después de la histórica movilización realizada el pasado viernes en València, adonde acudieron más de 20.000 personas. Después de tres horas de reunión, el secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, lamentó que el Consell «sigue sin tener clara una línea de trabajo con el campo valenciano para abordar planes de futuro relacionados con la Ley de Estructuras Agrarias, planes de desarrollo rural vinculados con la incorporación de jóvenes al campo o los problemas del sector del aceite de oliva». En su opinión, «estamos enquistados en muchos temas que no prosperan». En ese sentido, reclamó la puesta en marcha del anunciado lobby valenciano en Bruselas, la Ley de Estructuras Agrarias del Consell o el cobro de las llamadas ayudas de «minimis» para los citricultores afectados por la grave crisis de precios y que se anunciaron en 8 millones de euros para la campaña 2018-2019.
La Unió lamentó que los «temas importantes» que afectan de lleno al sector como la mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios justos al sector así como el futuro de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2021-2027 estén en manos del Gobierno central y del Ejecutivo de Bruselas, respectivamente.
En parecidos términos, desde AVA-Asaja, reconocieron que la consellera «ha querido hacerse la foto» con el sector tras la multitudinaria manifestación del pasado viernes. «Quiere mantener el diálogo con los productores y eso implica que también querrá mantener diálogo con el resto de eslabones de la cadena alimentaria», afirmó la organización que lidera Cristóbal Aguado. También destacó la necesidad de retomar las citadas ayudas de «minimis» y que el Consell garantice ayudas a los seguros agrarios.
«Mayor esfuerzo económico»
Cooperativas Agro-Alimentàries también agradeció la «buena disposición» de la consellera de establecer un calendario de reuniones que permitan abordar todos los temas de interés con detalle, «pero debe ser consciente de que la solución a los problemas del sector pasa no solo por el diálogo y el acuerdo sino también por la acción. Hay cuestiones, como por ejemplo las referidas al descenso de la subvención base en la suscripción de seguros, en las que es necesario un compromiso político y un mayor esfuerzo económico para resolver el problema que se ha generado».
El presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte, más crítico, expresó su escasa confianza en lo que puede acabar haciendo el Consell, y puso el acento en que la salida a la crisis pasa por una mejor política de los recursos hídricos, por una bajada fiscal y por intensificar las negociaciones en Bruselas. Según Ricardo Bayo, de UPA-PV, la consellera Mollà no ofreció alternativas. «Queremos agradecerle sus palabras llenas de buenas intenciones pero queremos hechos. Necesitamos saber cuál es el plan de trabajo de su departamento y el calendario de ejecución del mismo», concluyó.
Planas anuncia mejoras fiscales en las ayudas para los jóvenes agricultores
El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció ayer que su departamento trabaja en un paquete de reformas legislativas para mejorar el tratamiento fiscal de las ayudas, procedentes de la Unión Europea, a la incorporación de jóvenes agricultores, y dar respuesta así a una de las reivindicaciones del sector. Planas, quien participó en el Congreso de Jóvenes Agricultores de Asaja, indicó que lo va a regular en las próximas semanas para conseguir que ese esfuerzo fiscal se pueda hacer hasta en cuatro ejercicios. Actualmente hay que tributarlas en uno solo ejercicio.
Por otro lado, Planas también se reunió con el Consejo Rector de Cooperativas Agro-Alimentarias de España para analizar posibles medidas que aporten soluciones a la situación de crisis que padece el sector.
Integración cooperativa
Durante la reunión, el ministro insistió en la necesidad de que las cooperativas ganen en dimensión para resultar más competitivas y reforzar su posición negociadora, para lo que resulta fundamental abrir un debate a todos los niveles. Para facilitar esta tarea, el Gobierno modificará la ley de integración cooperativa. Actualmente hay once Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas de ámbito supraautonómico, que concentran algo más del 10% de la facturación del sector cooperativo agroalimentario español. El Ministerio destina 203 millones de euros de inversión para fomentar este tipo de entidades, principalmente a través de la financiación de inversiones para mejorar la transformación y comercialización. También se refirió a la próxima modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de lograr un reparto más justo del valor de los productos agrarios.
