Coepa ya es oficialmente historia. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha decretado la conclusión del concurso de acreedores y la extinción de la antigua patronal alicantina, toda vez que no existen posibilidades de recuperar más dinero para afrontar sus deudas. Una decisión que deja en tierra de nadie el polémico centro de oficios que provocó la ruina de la organización empresarial, mientras la administración concursal ya ha cesado en sus funciones, sin que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) haya dado ningún paso para traspasar la titularidad de la concesión a algún organismo del Consell, ni el Ayuntamiento haya reclamado tampoco su devolución, como propietario del suelo.
De esta forma, el inmueble, en el que se invirtieron 6,8 millones de euros de dinero público entre subvenciones y préstamos del banco del Consell, seguirá sumando daños por falta de mantenimiento, a lo que hay que añadir los efectos del vandalismo que, como ya contó este diario, se ha llevado por delante buena parte de la instalación eléctrica del edificio, además de destrozar puertas, ventanas o el falso techo de muchas de las habitaciones del recinto.
En cualquier caso, el auto del juzgado, fechado el pasado mes de noviembre, pone fin a más de cuatro años de lenta agonía de la antigua patronal provincial, desde que en otoño de 2015 sus entonces responsables solicitaran la declaración de preconcurso, al no poder hacer frente a las cuotas por el crédito que solicitaron al IVF para financiar la construcción del centro de oficios que levantaron en la calle Metalurgias de Alicante, que también incluía un simulador de riesgos laborales para el sector del ladrillo. Las primeros intentos de negociar con los acreedores no fructificaron y Coepa solicitó su entrada oficial en concurso en marzo de 2016, tras la dimisión de su entonces presidente, Moisés Jiménez, y su sustitución por Francisco Gómez. La patronal llegó a firmar un convenio con sus acreedores ordinarios -básicamente la también desaparecida patronal autonómica Cierval- que incluía una quita del 95% de la deuda. Sin embargo, la decisión del Servef de reclamarle la devolución de las ayudas concedidas para la construcción del centro de oficios provocó la reapertura del proceso y el inicio de la liquidación de la patronal en diciembre de 2017. Un trámite en el que el administrador concursal apenas ha podido conseguir unos pocos miles de euros con la venta de algún mobiliario, unos cuadros y un derecho de cobro que Coepa tenía con la CEOE, ya que la organización carecía de más patrimonio puesto que su sede era de titularidad del Estado -el conocido como patrimonio sindical-, el suelo del centro de oficios es propiedad municipal y el inmueble está hipotecado. Así las cosas, el juzgado considera que no existen «acciones viables» que permitan recuperar más dinero, por lo que da por finalizado el concurso y ordena la extinción de Coepa y el cese del administrador concursal, Luis Fernando Alonso Saura.
La liquidación podría haber sido más rápida de cumplirse la propuesta inicial de Alonso Saura de dejar el centro de oficios fuera del plan de liquidación, ya que consideraba que, al tratarse de una concesión, el inmueble debía revertir directamente al Ayuntamiento, que más tarde debería discutir las cargas del mismo con el IVF. Sin embargo, el banco del Consell se opuso y consiguió que se incluyera en el proceso, lo que obligó a organizar una subasta, que quedó desierta y que ha llevado a la situación actual.
Pendiente de negociación
Una vez extinguida Coepa, el edificio se queda en un limbo legal hasta que alguien lo reclame, ya que el administrador intentó que el IVF asumiera su titularidad interina pero no obtuvo respuesta. En este sentido, desde el banco público que dirige Manuel Illueca señalaron ayer que su intención es traspasar la titularidad de la concesión del inmueble al servicio valenciano de empleo -Labora- para que lo utilice de centro de formación, ya que las condiciones que en su día puso el Ayuntamiento de Alicante para ceder los terrenos exigían que se destinara a usos educativos, una finalidad que no puede ejercer directamente el IVF. Eso sí, apuntaron que antes deberán negociar con el consistorio para que admita el cambio de titularidad de la concesionaria y acepte, también, ampliar el plazo -que vence en 2031- para que las inversiones necesarias para su reforma salgan a cuenta. Unas conversaciones para las que no supieron poner una fecha, más allá de señalar que serán «a corto plazo».
La otra alternativa sería que el Ayuntamiento recuperara ya la concesión y explotara el centro a través de la Agencia de Desarrollo Local, una propuesta que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, trasladó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hace unos meses. En este caso, el problema sería ver qué ocurre con la hipoteca que pesa sobre el inmueble, que el consistorio no quiere asumir.
Mientras no haya acuerdo, el centro de oficios sigue con su deterioro y a merced de los vándalos, ya que los cristales rotos de una de sus puertas permiten acceder fácilmente al recinto, al carecer de cualquier otra protección.
