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Más de 50.000 alicantinos se beneficiarán de la subida del salario mínimo a 950 euros

Los sectores con mayor repercusión son los de empleados domésticos, los trabajadores del campo o los limpiadores de oficinas y edificios

Más de 50.000 alicantinos se beneficiarán de la subida del salario mínimo

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros al mes (13.300 anuales en catorce pagas) beneficiará a más de 50.000 trabajadores alicantinos de distintos sectores, una vez que, según está previsto, el Gobierno apruebe hoy en el Consejo de Ministros esta medida que ya acordó la pasada semana con la patronal y los sindicatos mayoritarios. Las estimaciones de CC OO de trabajadores que se verían favorecidos se basan en datos de un grupo importante de convenios colectivos suscritos en la provincia y en los que las categorías más bajas serían las que podrían beneficiarse. No obstante, también advierte de que, al final, la cifra podría llegar a alcanzar a las 60.000 personas. Por su parte, UGT, calcula que el total de beneficiarios en la Comunidad Valenciana se situaría en torno a los 178.000 trabajadores.

Como ya ha ocurrido con anteriores subidas del SMI, los asalariados alicantinos para los que tendría mayor repercusión la medida serían los empleados de hogar; los asalariados del campo; los limpiadores de oficinas, edificios, locales y fincas urbanas; así como algunos del comercio; los empleados de consignatarios de buques o de garajes y estacionamientos, entre otros, dado que para algunas de sus categorías la retribución de referencia es el salario mínimo.

El aumento a los 950 euros al mes representa un crecimiento del 5,5% y tiene carácter retroactivo al 1 de enero de este año. No obstante, este no es el mayor incremento registrado en los últimos años. Fue el de 2019, cuando que el salario mínimo pasó de los 739,9 euros al mes a los 900. Una subida del 22,3%, el mayor alza desde 1977.

¿Destruye o crea empleo?

Aunque la medida ha sido acordada en el marco del diálogo social, ha habido sectores e, incluso, la gran patronal que se han echado las manos a la cabeza y han advertido de que la subida del SMI destruirá empleo o, incluso, abocaría a trabajadores a la economía sumergida. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, avisó días atrás del impacto en el empleo de este proyecto. No obstante, admitió que habría sido «peor» haberlo elevado a 1.000 euros y dijo ver «un poco fuerte» que se diga que no influye, por ejemplo, en el campo.

Desde los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, sin embargo, contestan con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que en la provincia arrojó un récord de creación empleo anual, con cerca de 42.000 nuevos ocupados en 2019. Los sindicatos, también, recuerdan que Alicante es la décima provincia de España con el salario mínimo más bajo (16.467 euros al año en 2018), «por lo que su subida supone un importante impulso para combatir la tasa de pobreza», según Consuelo Navarro, secretaria general de CC OO en l’Alacantí-Les Marinas. Su homóloga en UGT, Yaissel Sánchez, incide en que este aumento beneficia a las retribuciones más bajas. «Y lo que reivindicamos es que, cuando la economía se recupera, haya un reparto más equitativo», asegura.

Al margen de las valoraciones, en los últimos días ha habido un sector, como el agrario, que se ha movilizado masivamente en distintas ciudades de España. Sus protestas no estaban centradas exclusivamente en el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, sino en los precios bajos que reciben los agricultores en el campo.

Pero de forma indirecta sí están relacionadas con esta subida, ya que argumentan que, «con la falta de rentabilidad que obtienen los agricultores por las tarifas que le pagan en origen, resulta casi inasumible aplicar un aumento del salario mínimo; porque, al final, siempre repercute en la parte más débil de la cadena, como es el agricultor», lamenta Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja-Alicante.

«Igual que se aprueba un decreto para el SMI, el Gobierno también tiene que aprobar otro decreto para garantizar un precio mínimo en el campo, porque los actuales valores en origen superan los costes de producción», añade Espinosa. Y pone como ejemplos algunos precios de productos que han llevado a muchos agricultores a echarse a las calles a protestar.

Precios en origen

En la provincia, la semana pasada se volvieron a arrancar viñedos de uva de mesa por la falta de rentabilidad. El encarecimiento de los seguros agrarios y unos precios por debajo del coste empujan a los agricultores a abandonar este cultivo. Según los datos de Asaja, la tarifa que pagan al productor de este fruto en la provincia está en torno a los 0,25 céntimos de euro el kilo, cuando en los súper los consumidores lo compran a 2,50 euros, es decir, un 900% más. Otros productos tradicionales de Alicante como el brócoli se paga en el campo a 0,41 céntimos de euro el kilo, mientras que, en algunos comercios de alimentación, el precio sube hasta 2,90 euros el kilo, es decir, un 600% más caros. Y la naranja Nave late se paga al agricultor a 0,25 céntimos y se compra en los supermercados a 2,99. Es decir, un 1.096% más, subrayan desde Asaja. En Alicante, las organizaciones agrarias tienen previsto convocar movilizaciones conjuntas para protestar por los bajos precios que reciben en el campo. Entre otras protestas se realizarán más arranques de cultivos o tractoradas.

Por debajo del SMI en agricultura

También desde la Unió de Llauradors ponen el acento en esta situación y aseguran que los rendimientos agrarios medios declarados por los profesionales del sector -aquellos cuyas rentas agrarias superan el 75% de sus rentas totales- alcanzarían en la Comunidad los 9.731 euros de media en los últimos cuatro años, por lo que se situarían un 27% por debajo del salario mínimo de 13.300 euros brutos anuales establecido para 2020.

Por ello, consideran que los rendimientos agrarios de los profesionales autonómicos «no sólo no alcanzan el SMI acordado, sino que no llegan el salario mínimo de 2020 ni teniendo en cuenta los rendimientos agrarios declarados y las rentas procedentes de otras actividades», según Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors. Esta organización también exigirá al nuevo Gobierno la implementación de «medidas efectivas que garanticen unas rentas dignas a todos los agricultores y ganaderos profesionales en el ámbito estatal».

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