Los alcaldes de los siete municipios adscritos a la Denominación de Origen Uva de Mesa Embolsada Vinalopó, consejo regulador, organizaciones profesionales, cooperativas y Federación Provincial de Empresarios Hortofrutícolas, unidos en una mesa de crisis, firmaron ayer un manifiesto para exigir al Ministerio que ayude al sector a superar su grave crisis. Está en peligro la pervivencia de un cultivo tradicional que da trabajo a 13.000 personas de forma directa y que el año pasado facturó 33 millones de euros. Por eso, se exigen a los poderes públicos soluciones ante el desorbitado precio del seguro agrario, la falta de agua de calidad por el bloqueo del trasvase del Júcar-Vinalopó y la discriminación que suponen los módulos del IRPF. Las primeras medidas de presión se acordarán la próxima semana y se desarrollarán el 28 de febrero.
