El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-Ley de medidas urgentes por el que el salario de los empleados públicos subirá un 2% con efectos retroactivos desde el 1 de enero, porcentaje que cada Administración podrá aumentar en un 0,3% con los fondos adicionales y que, además, podría verse incrementado hasta en un 1% en el caso de que el PIB de 2019 creciese un 2,5%. Este incremento salarial, que deriva del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público de 2018, afectará a 2,5 millones de funcionarios, de los que más de 78.660 trabajan en la provincia. Y de estos, 41.789 pertenecen a la Administración autonómica; 21.000 a la administración local; 9.531 a la Administración del Estado; y 6.131 a las universidades, según el Registro Central de Personal del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, cuya titular es Carolina Darias. La subida salarial se recogerá con efectos retroactivos al 1 de enero de este año, aunque se abonará en la nómina de febrero, porque no daba tiempo a incluirla en la del primer mes del año, según fuentes del Ministerio. Y el coste de la medida alcanzará los 3.212 millones de euros.
De momento, el Gobierno aprobó una subida fija del 2%. Según la ministra, habrá que esperar a mayo para conocer el dato del PIB de 2019 para ver si se puede hacer efectivo el aumento complementario de hasta un 1%, si la economía crece un 2,5%. La previsión del Gobierno es de un 1,8%, con lo que no se espera un alza adicional de los salarios, en este sentido. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Carolina Darias aseguró que el incremento salarial para los funcionarios era un tema «absolutamente prioritario para el Gobierno» y uno de los primeros compromisos que quería cumplir el presidente, Pedro Sánchez, una vez que el Gobierno estuviera en plenas funciones. Además, la nueva ministra quiso subrayar la «dedicación, profesionalidad y vocación de servicio de los empleados públicos». Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incidió en que los empleados públicos son una «prioridad» porque son «la base del Estado de bienestar y contribuyen con su esfuerzo personal a la defensa y sostenimiento de los servicios públicos».
Del acuerdo de 2018
La subida salarial se enmarca en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de Función Pública (CSIF, CC OO y UGT) en 2018, y contempla un nivel mínimo de alza del 2,3% para 2020 (incremento del 2% más un 0,3% de fondos adicionales). Adicionalmente, se podrá superar este 2,3% en función del comportamiento del PIB. En concreto, si el PIB de 2019 superara el 2,1% se añadiría para este año un 0,2% de subida salarial; con un PIB del 2,2% se sumaría un 0,4%; con el 2,3% un 0,6%, con el 2,4% un 0,8%, y si el crecimiento económico fuera del 2,5% la subida adicional sería del 1%.
En 2019, la subida fue finalmente del 2,5% tras sumar al incremento fijo del 2% un 0,25% de fondos adicionales y otro 0,25% derivado de la evolución del PIB de 2018.
Tras conocerse la aprobación de la medida, CSIF, UGT y CCOO aplaudieron la decisión y coincidido en recordar que, con la aprobación de esta subida, el Gobierno da cumplimiento al acuerdo que alcanzó el exministro de Hacienda y Función Pública del PP, Cristóbal Montoro, con las principales organizaciones sindicales.
En este contexto, CSIF tendió la mano al Ejecutivo «para alcanzar acuerdos estables y dignificar la labor de los profesionales de las administraciones públicas, que siempre han estado a la altura, en tiempos difíciles de recortes». Mientras, UGT emplazó al Gobierno a iniciar reuniones para un nuevo acuerdo que continúe avanzando en la recuperación del poder adquisitivo. Finalmente, CC OO subrayó que la insistencia sindical para que se aprobara esta subida lo antes posible ha dado sus frutos.
