El Consejo de Ministros ha aprobado este martes por decreto ley la subida del 2 % del salario de los empleados públicos para 2020 que se aplicará de forma inmediata con efectos del 1 de enero y que beneficiará a un colectivo de más de 2,5 millones de trabajadores.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública calcula que el coste de la subida salarial ascenderá a 3.212 millones de euros, ha informado en un comunicado en el que ha detallado que el incremento se aplicará a los empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial.

"Cumplimos nuestro compromiso con los empleados públicos, una prioridad porque son la base de nuestro Estado del bienestar y quienes contribuyen con su esfuerzo al sostenimiento de lo que más iguala, los servicios públicos", ha dicho la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

La subida del 2 % estaba pactada en el acuerdo a tres años firmado en marzo de 2018 por el Gobierno del PP con los sindicatos mayoritarios del sector público (CCOO, UGT y CSIF) y al que ha tenido que ir dando cumplimiento el Gobierno socialista al llegar al poder en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha explicado que el decreto ley, no solo recoge el incremento fijo del 2 % previsto para 2020 en dicho acuerdo, sino que también regula la subida variable de hasta el 1 % ligada al PIB y del 0,30 % destinada a fondos adicionales para la implantación de planes de mejora de la productividad o la eficiencia, entre otras medidas, previa negociación colectiva.

El acuerdo establecía una subida del 0,20 % adicional si la economía crece el 2,1 % en 2019, que puede llegar hasta el 1 % si el PIB avanza el 2,5 %.

La previsión de crecimiento del Gobierno para 2019 es del 2,1 %, aunque algunos organismos y servicios de estudios calculan que ha quedado entre el 1,9 y el 2 %.

Asimismo, el acuerdo preveía un alza adicional del 0,55 % sujeta al cumplimiento del objetivo de déficit público para 2020.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha incidido en que esta medida no ha sido legalmente posible hasta que se ha constituido el Gobierno y que la rapidez con la que se ha tomado -en el segundo Consejo de Ministros ordinario- ha sido por indicación del presidente del Gobierno.

En España hay 2.578.388 empleados públicos, de los que más de la mitad, 1,3 millones, corresponden a la administración de las comunidades autónomas, la mayoría circunscritos a la educación (553.014) y la sanidad (510.224), de acuerdo con el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de enero de 2019.

El resto se reparte entre la administración del Estado (507.830), la administración local (575.405) y las universidades (156.042).

El sindicato CCOO ha valorado el reconocimiento del Gobierno a los empleados públicos y le reclama en un comunicado avanzar en otras cuestiones pendientes del acuerdo de 2018 como impulsar las ofertas de empleo público para cumplir con el objetivo de reducir la temporalidad a menos del 8 %.

Ha pedido también que se desarrollen los planes de carrera profesional y los de igualdad y que se establezca un calendario de trabajo con vistas al III Acuerdo para la mejora del empleo público.

El secretario general de la federación de empleados de los servicios públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha destacado que el acuerdo salarial ha permitido recuperar 2,7 puntos de poder adquisitivo en sus dos primeros años de vigencia y ha emplazado al Ejecutivo a negociar un nuevo acuerdo que modernice la función pública.

CSIF ha hecho también hincapié en la necesidad de un nuevo acuerdo con un plan de choque frente al envejecimiento de las plantillas, ya que calcula que en los próximos años se jubilarán alrededor de 905.000 empleados públicos.