La venta del Grupo Amaro González al fondo Acadia Capital, que se hizo pública el pasado verano, podría acabar en los tribunales. Una parte mayoritaria de los antiguos propietarios -las cinco ramas familiares descendientes del fundador de la compañía de congelados- considera que los compradores no han cumplido con los términos del acuerdo que se firmó, por lo que quieren revertir la operación y hacerse cargo de nuevo del negocio. Una situación más que incómoda para los nuevos responsables de la firma -que niegan tajantemente cualquier incumplimiento-, que coincide, además, con la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que quieren poner en marcha y que afectaría a un tercio de la plantilla. En concreto, a 32 de los 91 empleados de la firma, según la propuesta inicial de la nueva dirección.

«Vamos a pelear por recuperar el control de la empresa», confirmó ayer a este diario el exconsejero delegado de la compañía y nieto del fundador, Amaro Noland González, que acusó al fondo madrileño de haber incumplido las condiciones estipuladas en el contrato de compraventa, por lo que la familia se siente ahora facultada para reclamar la anulación de la operación, a pesar de que la misma ya está formalizada y el Boletín del Registro Mercantil incluso publicó en octubre los cambios en la composición del consejo. Noland González no quiso ir más allá en la explicación del malestar de la familia, aunque todo apunta a desavenencias económicas con los compradores, tras las due dilligence efectuadas por el fondo.

Por su parte, el socio de Acadia Capital y nuevo presidente del Grupo Amaro, Luis Miguel Romero, negó tajantemente cualquier incumplimiento y se limitó a apuntar que el acuerdo se está ejecutando conforme al «funcionamiento que estaba preestablecido en el contrato firmado en el mes de agosto», y prefirió dejar «en manos de los abogados» cualquier disputa sobre la cuestión.

Con independencia de cómo se resuelva, lo cierto es que este conflicto llega cuando el fondo madrileño tiene abierto otro frente en la compañía alicantina, dedicada a la comercialización de pescado congelado y otros productos alimentarios. Los nuevos responsables están negociando con los representantes del personal un ERE que afectará a una parte importante de la plantilla. En concreto, según la propuesta inicial, los nuevos propietarios quieren despedir a 32 de los 91 trabajadores que el grupo tiene en sus instalaciones de Alicante y sus delegaciones de Canarias y Vigo. Además, en paralelo, ha presentado otro procedimiento, lo que popularmente se conoce como descuelgue de convenio, para aplicar una rebaja salarial para el resto de empleados de la compañía, según explicaron desde el comité de empresa de la misma.

Romero justificó esta decisión en «causas económicas y organizativas». Así, aseguró que la compañía cerró el pasado año con pérdidas, a pesar de que las cuentas de 2018, las últimas que aparecen en el Registro Mercantil, daban beneficios, al menos en el caso de la mayor de las firmas del grupo, Pescados Amaro González. Según el directivo, la medida está contemplada en el plan de negocio que ha aprobado la banca para dar apoyo a la firma. Señaló que el objetivo es sanear el grupo y prepararlo para que el negocio pueda crecer en el futuro.