Mientras las autonomías o la propia Administración central todavía luchan por controlar su déficit y evitar que la deuda pública siga en aumento, los ayuntamientos llevan años encadenando superávits, hasta el punto de que, solo en el caso de los consistorios alicantinos, ya acumulan más de 2.000 millones de euros en depósitos bancarios que la mayoría no puede utilizar, de acuerdo con los últimos datos del Banco de España. Unas finanzas más que saneadas que han sido posibles, por un lado, gracias a las fuertes restricciones al gasto impuestas desde el Ministerio de Hacienda, pero también a que los consistorios fueron los primeros en recuperar sus niveles de ingresos fiscales previos a la crisis económica -de hecho, en 2012 ya los igualaban-, y en la actualidad cada alicantino ya paga a su municipio en tributos y tasas locales casi 64 euros más que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
En concreto, cada residente de la provincia y del resto de la Comunidad Valenciana abona actualmente una media de 608,6 euros en impuestos y tasas locales, de acuerdo con la última edición del informe Haciendas locales en cifras que el Gobierno acaba de publicar con los datos definitivos del año 2017. Un importe que contrasta con los 544,7 euros que se pagaban en el año 2006 y, además, con una notable diferencia: el peso del Impuesto de Bienes Inmuebles sobre el total de ingresos propios de los ayuntamientos -es decir, los que recaudan los propios consistorios, con independencia de su participación en otros tributos estatales, como el IVA o el IRPF, o de las transferencias del Estado- ha aumentado casi 20 puntos porcentuales, al pasar del 36,8% del total a un 56%.
Como recuerda el presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez Rovira, el IBI es un tributo «que no guarda ninguna relación con la evolución económica, ya que no grava ninguna renta, solo el patrimonio que se tiene». O, en otras palabras, un impuesto al que no le afecta la crisis económica. Pero, además, como recuerda Pérez Rovira, en los últimos años el Gobierno ha permitido que los consistorios lo eleven de una forma notable.
Revisiones catastrales
En concreto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2012 una subida del IBI del 10% con carácter general, que acompañó de la posibilidad de revisar los valores catastrales en los municipios que lo solicitaran y de inspecciones masivas -con fotografías aéreas incluidas- para aflorar construcciones ilegales. El resultado de todo ello es que, si en 2006 cada ayuntamiento de la autonomía recaudaba una media de 200,7 euros por habitante en concepto de IBI, en el último ejercicio con datos la cifra se había incrementado hasta los 339,6 euros. Una subida que compensa sobradamente el retroceso que han sufrido otros ingresos, como los procedentes de tasas por licencias de obras, cuya recaudación ha pasado de 67,2 a 13,5 euros por habitante en el mismo periodo.
En cuanto al resto de los principales tributos que gestionan los ayuntamientos, los ingresos por el Impuesto de Circulación o el de Actividades Económicas han subido ligeramente, mientras que se ha incrementado notablemente la recaudación por la denominada plusvalía que se paga al vender las viviendas -ha pasado de 29,7 a 40,5 euros recaudados por habitante-, aunque en este caso, se trata de un tributo ahora en cuestión, tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la forma en que se calculaba.
Los ayuntamientos reclaman al Gobierno central flexibilidad para gastar más
Ni pueden disponer del dinero que acumulan en el banco para realizar inversiones, porque se lo impide la denominada regla de gasto, ni se atreven a rebajar los impuestos, porque entonces les reducirían también las transferencias que reciben del Estado y podrían verse en dificultades para afrontar sus gastos. Es la difícil situación con la que se encuentran actualmente la mayoría de los alcaldes, que ven cómo las cuentas corrientes que sus corporaciones tienen en las entidades financieras no dejan de engordar -con el riesgo, además, de que los bancos les empiecen a cobrar por ello-, mientras se muestran incapaces de ofrecer nuevos o mejores servicios a sus vecinos, ante el férreo control que sufren sus balances por parte del Gobierno central.
Una situación que vienen denunciando desde hace tiempo a través de organismos como la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, cuyo presidente, el primer edil de Elda, Rubén Alfaro, no duda en reclamar una flexibilización de la norma que permita a los consistorios hacer uso de sus fondos. El actual Ejecutivo de Pedro Sánchez lo prometió a principios de este año, pero su fracaso a la hora de sacar adelante los Presupuestos del Estado y la sucesión de elecciones han dejado el asunto en el limbo. Lo cierto es que tampoco le interesa demasiado, ya que el superávit municipal ayuda a compensar el agujero de las autonomías o de la Seguridad Social de cara al cumplimiento del déficit público que exige Bruselas.
En cuanto a la alternativa de aprovechar los actuales superávits para rebajar los impuestos, Alfaro señala que el problema es que una bajada de los ingresos propios conlleva también una reducción en el cálculo de la participación municipal en los tributos estatales y en las transferencias del Gobierno, por lo que el recorte acaba siendo muy superior al previsto, y supone un riesgo para los ayuntamientos.
