2019 se despide con un cierto nivel de alivio: sí, se ha producido una importante ralentización del crecimiento a nivel global, pero el año conseguirá cerrar habiendo espantado la alargada sombra de la recesión. A pesar de que, también este año, España crecerá más que los países de su entorno, es muy preocupante que llevemos demasiado tiempo sin un Gobierno, y unas Cortes, en pleno ejercicio de sus funciones. La fragmentación parlamentaria de los partidos políticos, y la ausencia de una cultura de pactos que permita la gobernabilidad, no posibilitan albergar demasiado optimismo para un futuro más o menos inmediato. Ni tan siquiera se puede afirmar con rotundidad que será posible formar gobierno, aunque el mismo sea débil. Sin embargo, la economía española exige a gritos reformas. Son muchas las necesarias, pero citaré, exclusivamente, las que me parecen inaplazables:
1. Sistema educativo
España es una de las grandes economías de la UE, pero no es un país competitivo, porque nuestra productividad es relativamente baja. Reiteradamente se dice que la economía española necesita un cambio de modelo. Ciertamente, el actual se caracteriza por una asignación de recursos a la investigación muy endeble, lo que da lugar a una dotación de capital humano y tecnológico excesivamente baja.
Incrementar nuestra competitividad -no a costa de reducir salarios y destruir derechos, como se ha hecho- exige mejorar nuestras capacidades, invertir en conocimiento. Es difícil poder imaginar un país moderno y competitivo, en el que se alcance un alto nivel de calidad de vida, sin que dispongamos de un modelo educativo y de investigación eficaz. Nuestro futuro depende de la educación, de la investigación, de la ciencia.
Reformar el conjunto de nuestro sistema educativo es una prioridad absoluta, que requiere consenso y que debería estar por encima de cualquier lícita confrontación ideológica.
2. Sistema de pensiones
La evolución demográfica española, con una gran caída de la natalidad y un aumento de la esperanza de vida, está determinando una modificación muy importante de la estructura de la población, que se está envejeciendo, por lo que se produce un aumento de la dependencia.
A su vez, ello determina un incremento absoluto del gasto de pensiones. Lo relevante, no obstante, será su relación con el PIB y ello nos permite no ser catastrofistas, siempre que observemos una evolución positiva del empleo y de la productividad de la economía.
No obstante, con las proyecciones disponibles parece que es necesario realizar reformas que garanticen la viabilidad financiera del sistema de pensiones en el futuro. El sistema público de pensiones es un pilar de nuestro Estado del Bienestar, por lo que debe preservarse. Sin embargo, existen tendencias que defienden lo contrario. Incluso con un sistema público, están quienes prefieren que el sistema no sea, como actualmente, «de reparto», sino «de capitalización». Éste es, sin duda, más sostenible financieramente, aunque menos solidario, y puede dar lugar a que las aportaciones definidas no puedan garantizar una prestación digna.
Resulta urgente abordar la reforma para garantizar su sostenibilidad, por lo que es necesario reflexionar y debatir sobre todas las teclas que, desde el lado de los ingresos (aumento o no de las cotizaciones, cobertura parcial o no a través de impuestos, etc.) o desde el de los gastos (tasa de reemplazo, incremento del número de años de cotización, aumento de la edad de jubilación, etc.), pueden tocarse para mantener la viabilidad de este pilar básico de nuestra sociedad.
3. Sistema de financiación de las comunidades autónomas
El vigente sistema de financiación de las comunidades autónomas debería haberse revisado en 2014; un lustro después hace aguas por todas partes, a pesar de que la mayor parte de los servicios básicos del Estado de Bienestar (educación, sanidad y servicios sociales) son prestados por las comunidades autónomas.
En la medida en que el sistema actual mantiene diferencias muy notables en la financiación per cápita de las distintas comunidades, se puede afirmar que el Estado no garantiza la igualdad de oportunidades entre todos los españoles, en la medida que es imposible nivelar la calidad de tales servicios en todas las comunidades.
Es incuestionable que, uno de los objetivos fundamentales de un sistema de financiación para las comunidades autónomas, debería ser que todos los españoles tengan garantizado un mismo nivel de servicios básicos fundamentales, con independencia de donde residan. Hoy existe un grave problema de inequidad, que es imprescindible resolver en el menor tiempo posible.
Todos los servicios cuyo coste esté correlacionado con el tamaño y las características de la población deben tener una financiación per cápita idéntica en cualquier comunidad autónoma, sea de régimen común o foral.
Parece razonable que puedan existir mecanismos financieros de carácter estatal que favorezcan la solidaridad interterritorial, pero tales mecanismos no deberían incorporarse al sistema de financiación autonómico, que debe ser claro y sencillo, de forma que los ciudadanos puedan percibir con transparencia el coste de aquello que perciben.
4. Sistema tributario
El sistema tributario español tiene un grave problema de eficacia. Con unos tipos impositivos iguales, o incluso superiores en algún caso, a los de la mayor parte de los países de nuestro entorno, nuestra capacidad recaudatoria es muy inferior. Tanto el IRPF como el Impuesto de Sociedades tienen demasiadas deducciones que disminuyen las bases imponibles, de forma que el tipo efectivo que se paga es muy inferior al nominal. Además, existe una gran bolsa de fraude fiscal.
La reforma del sistema debería orientarse a simplificar las principales figuras impositivas, incrementando las bases imponibles, eliminando deducciones y exenciones, y estableciendo un tipo efectivo mínimo en Sociedades, lo que permitiría recaudar más sin necesidad de subir los tipos.
Además es necesario invertir en más y mejores medios para la AEAT, y dotarla de un mayor nivel de independencia.
5. Sistema energético
Los científicos ya han repetido, hasta la saciedad, que no hay tiempo que perder para intensificar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La transición a una economía que sea neutral en carbono será tan revolucionaria, o más, que la que se produjo para pasar de una sociedad agraria al mundo industrial; pero no será ni fácil ni gratis. El gobierno debe tramitar, sin más dilaciones, un proyecto de ley, valiente, de cambio climático y transición energética. El futuro del planeta y, por tanto, de la vida humana está en grave riesgo.
