La lucha contra el fraude en la contratación laboral en la Comunidad Valenciana ha permitido aflorar 21.500 empleos en diez meses, un 129% más que el mismo periodo del año anterior, según ha avanzado el director general de Trabajo, Gustavo Gardey, con datos de la Inspección de Trabajo en la Comunidad.

Entre agosto de 2018 y junio de este año se ha dado de alta a 11.631 mujeres y 9.518 hombres como consecuencia de la actuación de la Inspección. Además, se han detectado 351 infracciones por tener a trabajadores extranjeros de manera irregular, según informaron fuentes de la Dirección General de Trabajo.

Asimismo, se ha llevado a cabo un plan de choque para luchar contra el uso irregular de la contratación a tiempo parcial que ha permitido que se amplíe la jornada laboral a 5.115 trabajadores en la Comunidad, un 210% más que el pasado año. Según las mismas fuentes, el trabajo de la Inspección también ha tenido su consecuencia en la transformación de trabajos temporales en indefinidos. De este modo, un total de 18.547 empleados han pasado a tener un contrato fijo.

El director general de Trabajo y Bienestar Laboral, Gustavo Gardey, recordó ayer que uno de los objetivos del Consell es combatir la economía sumergida y el empleo precario. «Y estos resultados demuestran la necesidad de continuar trabajando con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en esta dirección».

Además, subrayó que el pasado año la Inspección puso en marcha por primera vez una campaña contra la economía irregular en la Comunidad con la colaboración de empresas, sindicatos y ciudadanía. «Se trataba de una actuación inédita en la que los agentes sociales más representativos (UGT, CC OO y CEV), a través del Consejo Tripartito para las Relaciones Laborales en la Comunidad, han propuesto una programación de campañas a la Inspección», apuntaron las mismas fuentes. Gardey hizo un llamamiento para que la sociedad se conciencien sobre las consecuencias de la economía irregular. Además, avanzó que el Consell se ha marcado como objetivo prioritario la puesta en marcha de un Observatorio de Trabajo Decente, con la finalidad de hacer un seguimiento continuo del mercado del trabajo, que detecte sus necesidades y corrija sus desequilibrios.