El fraude más conocido a la Seguridad Social es el empleo irregular, es decir, cuando una empresa no tienen dados de alta, normalmente, a una parte de sus trabajadores, una investigación que es competencia de la Inspección de Trabajo. Pero la casuística de las irregularidades ha ido evolucionando con los años, como ha comprobado el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social del que forman parte la Tesorería, la propia Inspección de Trabajo y otras entidades oficiales, así como representantes de los empresarios y de los sindicatos. De hecho, en estos momentos la Tesorería de la Seguridad Social en la provincia ha puesto el foco en las empresas ficticias y las altas fraudulentas que simulan una relación laboral «con el único objetivo de generar prestaciones indebidamente, principalmente, las de desempleo. Pero ni son empresas ni son, realmente, asalariados», según subrayaba la directora provincial de la Tesorería, Gemma Gómez.
Entre enero y noviembre de este año, este organismo ha investigado a 202 compañías alicantinas en las que se apreciaban indicios de posible simulación de relaciones laborales con el fin de obtener prestaciones a favor de los trabajadores. Tras la revisión de los casos, se han detectado 22 empresas ficticias y ocho con actividad real, pero que tenían asalariados con alta fraudulenta: pagaban sus cotizaciones aunque los empleados no formaban parte de la plantilla. En ambos casos se anularon las altas de las sociedades y un total de 281 periodos de cotizaciones de trabajadores por simulación de actividad.
«Falsos autónomos»
En el mismo sentido, se eliminaron las altas de 63 «falsos autónomos», otra de las figuras que más está emergiendo en el mercado laboral. En este caso, el empresario en vez de emplear a una persona dentro del régimen general y cotizar por ella, la contrata como autónoma, pagando el empleado las cuotas, aunque, en realidad, sea uno más de la plantilla diaria.
Salvo en el caso de los trabajadores por cuenta ajena a los que se les ha anulado los periodos de cotización «por no ser asalariados reales», incidía Gemma Gómez, la evolución de la gestión contra el fraude de los últimos tres años revela una tendencia a la baja de estas irregularidades. Estas actuaciones realizadas por la Tesorería en Alicante o, en su caso, por la Inspección de Trabajo son analizadas en el Observatorio, ya que la operatividad de este organismo implica una colaboración activa entre sus miembros. Y, aunque se creó en 2011, desde junio de este año está regulado por una orden ministerial y el pleno del Observatorio tiene que reunirse, al menos, dos veces al año y las comisiones provinciales cuatro veces.
«Lo interesante es que participan organismos oficiales con los que colaboramos habitualmente, pero también los representantes empresariales y sindicales, que nos pueden aportar ideas para que nosotros podamos actuar. Está claro que en caso de fraude, la Seguridad Social es la más afectada porque las arcas menguan. Pero, también los empresarios son grandes perjudicados porque los industriales que no cumplen suponen una competencia desleal con los que sí lo hacen, que, además, son muchos», reiteraba Gemma Gómez.
Grandes empresas sin actividad
En los primeros años en que echó a andar el Observatorio, los casos de empresas ficticias los protagonizaban grandes compañías con muchos trabajadores y que no cotizaban a la Seguridad Social. «Ahora el fenómeno se ha ido modificando, al margen de que tenemos más herramientas, incluso de robotización, para detectarlas», explicaba la directora provincial. En los primeros años del Observatorio, los servicios de la Tesorería o de la Inspección se encontraban con grandes compañías que tenían toda su documentación en regla, con muchos trabajadores, pero sin actividad. En una de las inspecciones de hace años se encontraron con una empresa de construcción que todos sus trabajadores eran mujeres. Una circunstancia que llamó la atención a los técnicos y les puso en alerta para investigarla. «En muchas ocasiones este tipo de irregularidades también se utilizaban para obtener permisos de trabajo», añadía Gómez. No obstante, los casos de empresas de gran tamaño han ido derivando en otros de firmas más pequeñas, «pero, sobre todo, lo que más nos encontramos ahora son las altas fraudulentas dentro de una empresa real, con actividad. Estas son más difíciles de detectar, pero las encontramos. Y estas irregularidades se producen en casi todos los sectores», aseguraba la directora provincial.
Elusión de los pagos
Asimismo, otro de los frentes que tiene abierto la Tesorería es el del posible fraude a la Seguridad Social establecido en los artículos 307 y 300 bis del Código Penal que fija como delito, además del de las empresas ficticias, la elusión del pago de las cotizaciones superior a 50.000 euros. Antes eran de 120.000 euros. No obstante, Gemma Gómez advertía, en este caso, de que «no por el simple impago de abre un expediente por el 307. Tenemos que hacer muchas investigaciones, porque no cualquier impago determina un delito», añadía. Tras el estudio, se encuentran con casos de empresas que se constituyen y desde el primer momento no pagan, «donde se aprecia una voluntad de eludir. Pero también hay otras que tienen dificultades económicas por cualquier circunstancia y no pueden hacer frente a los abonos». En este supuesto, siempre que justifiquen con pruebas la situación, se puede acudir a un aplazamiento del pago.
En este ámbito de actuación, hasta noviembre de este año se trasladaron al Servicio Jurídico de la Tesorería 35 expedientes para iniciar el procedimiento por posible fraude a la Seguridad Social, según lo establecido en los artículos 300 y 307 bis del Código Penal. Y otros cinco acabaron cerrándose por no apreciarse, finalmente, indicios de comisión de delito.
