Cuando el próximo 1 de enero se levanten los peajes de la próximo 1 de eneropeajes autopista AP-7 entre Tarragona y Alicante y los de la AP-4, que enlaza Sevilla y Cádiz, se pondrá fin a un negocio, el de la concesionaria Aumar, que no ha dejado de registrar beneficios multimillonarios ni siquiera en los años más duros de la crisis económica, y con una rentabilidad sobre facturación que sería la envidia de cualquier otra actividad. Y es que, con una infraestructura más que amortizada, los pagos que realizan los usuarios por utilizar estas carreteras cubren de sobra los costes de personal o de mantenimiento de la vía, hasta el punto de que la mercantil transformó en ganancias el año pasado prácticamente uno de cada dos euros que ingresó.
En concreto, la sociedad declaró beneficios de 146,3 millones, casi un 25% más que el año anterior, con una cifra de negocio de 306,5 millones, alrededor de un 5% más, propiciada por la recuperación del tráfico que viene registrando esta infraestructura, gracias a la mejora económica y el aumento de la llegada de turistas. Aunque un porcentaje tan elevado tampoco ha sido lo habitual, lo cierto es que la concesionaria ha mantenido unas ganancias más que abultadas, incluso cuando la crisis hundió las cifras de usuarios, que, en el caso del tramo València-Alicante llegaron a desplomarse un 45% desde su máximo en 2007, según los datos del Ministerio de Fomento.
Así, el año menos rentable para la compañía, el de 2011, finalizó para Aumar con un resultado positivo de 66 millones. En total, solo en la última década la concesionaria acumula unos ingresos totales de 2.769 millones y unos beneficios superiores a los 955, según consta en las propias cuentas que la compañía ha depositado en estos años.
En estos balances ya se refleja que el futuro que le espera a la sociedad, una vez finalizada la actividad para la que fue constituida, será su liquidación, tal y como también confirma su propietaria, la multinacional Abertis, que hasta el año pasado controlaba Criteria -el holding empresarial de La Caixa-, pero que ahora se reparten la ACS de Florentino Pérez y la italiana Atlantia. Para Abertis la pérdida será más que asumible, si se tiene en cuenta que su facturación global del año pasado superó los 5.000 millones y sus beneficios de 1.834 millones. Es decir, que Aumar apenas supone el 8% de sus ganancias.
Desde la concesionaria dejan claro que Aumar no optará al contrato para el mantenimiento de las dos autopistas , una vez que Fomento asuma su titularidad. Un contrato que no estará resuelto para el próximo 1 de enero debido a los recursos que la propia compañía y los sindicatos UGT y CC OO han interpuesto por el número de trabajadores que se subrogarán a la nueva adjudicataria del servicio, que el Gobierno ha rebajado sobre las cifras que preveían estas organizaciones.
Estos recursos han obligado al ministerio a habilitar un procedimiento de emergencia para evitar que estas autopistas queden desatendidas durante el tiempo que se tarde en resolver la situación. Lo que no aclaran desde Fomento es si será la propia Aumar la que deba continuar con este servicio durante unos meses más, como ocurrió con la AP1, o si se contratará a otra compañía. Para el resto de trabajadores, 136 en total, Aumar ya ha aprobado un ERE de extinción de empleo, con el apoyo de UGT y USO, y el rechazo de CC OO, que estudia su impugnación.
Autopistas del Mare Nostrum se constituyó en 1971, cuando le fue adjudicada la concesión de los dos tramos de la AP-7 entre Tarragona y València, y entre València y Alicante. En 1986 se unificó la concesión con la AP-4 y se produjo la primera ampliación del plazo, que se prorrogaría dos veces más. La última en 1997, cuando se amplió el peaje otros 13 años, hasta el próximo 31 de diciembre.
Temor a un posible deterioro de las vías tras su liberalización
A pesar de que el fin de los peajes de la AP-7 es una reivindicación histórica para la mayoría de los residentes de la provincia y, en especial, de las comarcas de las Marinas, en el último año y medio también han surgido voces que alertan del posible deterioro e, incluso, el colapso que puede sufrir la autopista en determinadas épocas del año cuando se levanten las barreras. El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) fue el primero en plantear el debate, con un informe en el que se señalaba la opción de mantener un peaje blando -sobre todo de cara a los residentes- pero que evitara un aumento excesivo del tráfico y de los vehículos pesados, el principal temor de quienes plantean sus reticencias a la liberalización total. Una solución que, además, aportaría recursos para mejorar otras vías alternativas. Más tarde fue la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, la que reclamó este peaje blando, por miedo a que se produjeran atascos que, al final, entorpecieran la llegada de los turistas desde el aeropuerto de El Altet. Una posición que también asumió posteriormente la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Alicante.
Sin embargo, la presión popular ha sido mayor y el Ministerio de Fomento ha optado por la liberalización total de la vía. En el único precedente hasta la fecha, el de la AP1 entre Burgos y Armiñón, el levantamiento de las barreras ha acarreado un incremento del tráfico medio diario del 30%.
