Entre otras actuaciones, la Inspección de Trabajo pondrá el foco en este tramo final del año en controlar el grado de cumplimiento de la Ley de Igualdad por parte de las empresas de la Comunidad. Los inspectores van a realizar 175 visitas a compañías alicantinas y 537 en el conjunto del territorio autonómico, según confirmó el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad, Francisco Rogero.

La investigación se dirigirá, además, a investigar si hay casos de brecha salarial o de discriminación en el acceso al empleo y en la promoción profesional interna. Estos son, precisamente, los aspectos en los que más inciden los sindicatos sobre la discriminación femenina en el trabajo. Quizá, el más reiterado es el de la disparidad salarial, una desigualdad «evidente» para las organizaciones sindicales, que desde hace años vienen publicando informes sobre las diferencias retributivas entre ambos sexos y exigiendo que a igual puesto y responsabilidad, mujeres y hombres perciban el mismo salario. Máxima que está recogida en la Ley de Igualdad que se aprobó en 2007.

En los últimos años, también se encargan de recordar que «desde el 7 de noviembre hasta el final de cada año, las empleadas trabajamos gratis», según advertía Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en las comarcas de l'Alacantí-La Marina.

Para la dirigente sindical, esta diferencia es fruto de la brecha salarial, que encierra una casuística más amplia que la mera diferencia de sueldo. En la desigualdad económica entre sexos también influye «que muchas mujeres trabajen en categorías inferiores a las que les correspondería por su titulación o porque existe falta de promoción interna. Y, al final, el techo de cristal no se acaba de romper».

La retribución media anual de los trabajadores alicantinos fue el pasado año de 18.021 euros, mientras que el de las trabajadoras fue de 14.652 euros. Es decir, una diferencia a favor de los hombres de 3.336 euros, según los datos facilitados por UGT extraídos del Informe de Estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias.

Más de 800 controles en España

Por otra parte, a nivel estatal las actuaciones realizadas el pasado año por la Inspección de Trabajo sobre planes de igualdad arrojaron un resultado de 847 controles, de los que se derivaron 351 requerimientos a las empresas para que realizaran correcciones y un total de 38 infracciones, según la información facilitada por CC OO-PV, con datos oficiales de la Inspección. Hasta ahora, las empresas obligadas a aprobar estos planes eran las que empleaban a más de 250 trabajadores.

Sin embargo, desde el pasado mes de marzo, con el real decreto-ley de medidas urgentes para la igualdad de mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, el número de compañías que tienen que implantar un plan contra la discriminación femenina en el trabajo, de forma consensuada con los sindicatos, se ha ampliado.

A partir de ahora, también afectará a las que tienen más de cincuenta empleados. No obstante, la aplicación de la medida no tiene un efecto inmediato, ya que se estableció un periodo transitorio de implantación escalonado de tres años por tramos en el número de trabajadores. Así, hasta que no se cumpla ese plazo las compañías más pequeñas siguen estando exentas de aprobar un plan de igualdad, explicaba Daniel Patiño, responsable del área de Acción Sindical de CC OO- PV. «Otra cosa es que muchas firmas sin estar obligadas sí los estén redactando o aprobando», añadía el representante sindical.

Que no sea un «corta y pega»

Pero para aquellas que en la actualidad sí tienen que tener implantado este documento, la dirigente de UGT hacía un llamamiento para que los planes de igualdad «no sean una mera figura decorativa» ni «un corta y pega de otras compañías». A su juicio, estos planes deben ser personalizados por cada empresa, con datos sobre el número trabajadores y de las mujeres en cargos directivos, además de los salarios. «También deben incluir las actuaciones a realizar en posibles casos de acoso por razón de sexo», subrayaba Sánchez.

Por otra parte, el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de la Comunidad Valenciana, Francisco Rogero, incidió en que esta campaña que se está realizando sobre la igualdad de género en las empresas se desarrolla de forma paralela a otras también habituales en las que se vigilan posibles incumplimientos de las empresas en la prevención de riesgos laborales; el empleo y relaciones laborales o la de altas a la Seguridad Social. Una gran parte de las actuaciones se dirigen a aflorar casos de empleo irregular.

Más de 380 inspecciones sobre acoso sexual en el trabajo en España

CC OO destaca que de estas actuaciones a nivel nacional se derivaron 73 requerimientos y 4 infracciones a compañías

En las denuncias que presentan los sindicatos ante la Inspección de Trabajo sobre posibles irregularidades en el ámbito laboral, en los últimos años están poniendo el acento en la investigación de casos en materia de acoso sexual en el trabajo. Un área sobre el que los inspectores realizaron el pasado año 381 actuaciones en toda España. Y de estos controles, se derivaron 73 requerimientos y se levantaron cuatro actas de infracción, según la información facilitada por el sindicato CC OO-PV, con datos oficiales de la propia Inspección de Trabajo. Otro aspecto controlado por el organismo estatal es el del acoso discriminatorio por razón de sexo en el trabajo. En este caso, las actuaciones a nivel estatal se concretaron en 135 controles, tras los que se detectaron tres infracciones y se hicieron 70 requerimientos para subsanar algunos aspectos, según la misma información facilitada por CC OO con datos de 2018 de la Inspección.

Registro horario

Por otra parte, este año se ha sumado al listado de las áreas a vigilar por parte del organismo estatal el grado de cumplimiento del registro horario al que están obligadas las empresas, tras la medida que entró en vigor en mayo. Un mes después, ya se había expedientado a siete compañías de la provincia que incumplían su aplicación. Desde entonces, se ha seguido actuando, según el director territorial de la Inspección de Trabajo en la Comunidad, Francisco Rogero, aunque no facilitó datos sobre nuevos expedientes. Uno de los objetivos de la implantación del registro horario es acabar con las horas extraordinarias sin pagar.