En los hechos probados para la Audiencia Nacional no hay ni rastro del supuesto delito de administración desleal que la Fiscalía Anticorrupción achacaba a los cuatro exdirectivos de Caixanova imputados por el crédito de 67,1 millones de euros concedido en 2007 a una promotora vinculada a Copasa para el desarrollo de unas 700 viviendas en la localidad de Rivas-Vaciamadrid.

Pedían cuatro años de prisión para Gregorio Gorriarán, José Luis Pego, Domingo González Mera y Julio Fernández Gayoso. Tres solicitaba Abanca, personada en el caso. "No existe dato de cargo de que los acusados, ni de forma aislada ni actuando de común acuerdo, siguiendo un plan preconcebido y con abuso de sus funciones hayan actuado con el propósito de causar un daño económico a Caixanova", sentencia el tribunal, que absuelve a los cuatro en el fallo comunicado hoy a las partes al que ha tenido acceso Faro.

Todo lo ocurrido alrededor del préstamo quedó acreditado por la abundante documentación aportada y las "detalladas y prolijas declaraciones" de los cuatro acusados, sostienen los magistrados, que destacan la ausencia de contradicciones entre ellos y los testigos para así poder descartar la existencia de "algún tipo de presión, insinuación o actuación distinta al normal proceder" de los antiguos altos cargos. La Audiencia Nacional asegura que su visión sobre la historia es "radicalmente diferente a la manifestada por las diversas acusaciones".

Una de las claves, según el tribunal, es la defensa que los propios inspectores del Banco de España hicieron de la operación, calificada "con un riesgo normal"; y de la refinanciación a la que se sometió en hasta dos ocasiones ante el impago de los intereses por parte de la promotora. "Es un instrumento de gestión", confirmaron dos responsables del organismo. No opinaban lo mismo los peritos vinculados también al supervisor financiero. Pero a ellos la Audiencia Nacional les reprocha, entre otras cuestiones, que no tuvieran en cuenta en sus informes "los factores positivos tendentes a superar y aminorar las dificultades surgidas" durante la vida del crédito, como el hecho de que la tasadora daba por hecho una rápida venta de las viviendas.

La sentencia recuerda además que no solo Caixanova sufrió pérdidas con la decisión de hacerse cargo del crédito a través de su inmobiliaria, Proinova. También los avalistas se quedaron sin unos 20 millones de euros, "pérdidas que no se hubieran producido si los inversores de la operación no creyeran en el proyecto".

El cambio de propiedad fue, como insistieron los acusados y la mayoría de los testigos, una dación en pago, "muy frecuente en este tipo de operaciones y consentida por el Banco de España", remarca la sentencia, que considera "no solo que se actuó de acuerdo a la normativa interna de la caja sin vulneración alguna o abuso de cualquier posición dominante, sino que se trató de conciliar todos los intereses en conflicto".