El futuro, como todo lo desconocido, inquieta. Sin embargo, no encararlo como lo que es, un tránsito inexorable para cada individuo, generará más desazón que calidad de vida. Planificar la jubilación debería ser una prioridad, y reformar el actual sistemas de pensiones, mucho más. «No hacer nada no es una opción», coinciden los tres expertos queparticiparon en el desayuno informativo organizado por BBVA e INFORMACIÓN y moderado por María Pomares, jefa de la sección de Economía de este diario. Francisco Menargues (presidente del Colegio de Economistas de Alicante) y Fernando Candela (decano del Colegio de Abogados de la capital) y Luis Vadillo (director del Instituto BBVA de Pensiones Mi Jubilación) tienen claro que la inacción y la desinformación en esta materia son una condena.
Los datos publicados recientemente por el Centro de Investigaciones Sociólógicas (CIS) revelan que las pensiones son una prioridad para los españoles. Pero, paradójicamente, ese elevado interés contrasta con la escasa información que reciben al respecto. Para paliar esta carencia, entidades como el BBVA, a través de Mi Jubilación, ponen a disposición del ciudadano (no solo de sus clientes) herramientas eficaces para que la ciudadanía tome decisiones consecuentes en el momento de planificar y calcular su retiro laboral de manera minuciosa.
Los tres coincidieron en la relevancia de esta información sea «transparente y accesible» para poder afrontar con éxito el desarrollo de la sostenibilidad del plan de pensiones estatal. Compartieron la idea de que la viabilidad del sistema pasa por la concreción de tres objetivos: sellar un pacto político a nivel nacional que aborde la cuestión con altura de miras, «sin perseguir rédito político». Explicar la inversión en jubilación como lo que es, ahorro para el individuo del que se sacará beneficio llegado el momento. Y, en tercer lugar, adecuar la edad de la salida del mercado laboral a la esperanza de vida. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, actualmente la edad media de jubilación en España es de 62,4 años, dos años y medio antes de lo que dicta la ley. Esta tendencia empuja al sistema estatal de pensiones al colapso. De ahí que consideren tan relevante adecuar de forma realista la fecha para dejar de trabajar, algo que no debería producirse antes de los 67 años.
«La longevidad del ser humano hace que haya que plantear nuevos escenarios porque, con la tendencia actual, en un futuro próximo, habrá más pensionistas y menos cotizantes. Este reto demográfico requiere medidas estructurales y legislar teniendo en cuenta la flexibilidad, es decir, hay que dejar en manos del contribuyente la elección sobre su futuro, decidir si quiere jubilarse antes percibiendo menos pensión o prolongar su vida laboral si lo estima oportuno», defiende Luis Vadillo.
Divulgación y transparencia
El directivo del BBVA estima prioritario «emprender una campaña sólida de divulgación para que la sociedad se dé cuenta de que la aportación complementaria que cada cual dedica a su jubilación no es un gasto sino un plan de ahorro del que beneficiarse en el futuro», explica el presidente del Instituto Mi jubilación.
«Se trata de tomar medidas coherentes, de emprender reformas escuchando a los expertos, de llegar a un consenso muy amplio, con altura de miras que impida que la ola nos acabe cayendo encima», subraya Vadillo.
En este sentido, Francisco Menargues hace hincapié en que para hacer sostenible el actual sistema de pensiones no hay que poner el foco en la subida de impuestos, más bien «se debe redistribuir el superávit que logra la Administración ?él habla de las recaudaciones positivas que logran los Ayuntamientos, por ejemplo? para destinarlos a esta materia», esgrime el presidente del Colegio de Economistas.
Para Menargues es capital «dar credibilidad al sistema para que la gente no llegue a la conclusión de que el dinero que aporta no le servirá de nada. Para lograrlo, estima fundamental desligar las partidas destinadas al abono de jubilaciones de los presupuestos de la Seguridad Social. Que tenga una partida propia, porque, si no se hace así, a su juicio, la amenaza del déficit crónico de la Seguridad Social determinado por el gasto sanitario y las prestaciones sociales (fundamentalmente el paro) no permitirá a la ciudadanía aceptar que, en la actualidad, «por cada euro que alguien aporta, recibe 1,46», recalca.
Menargues cree que otra medida que ayudaría a dar sostenibilidad al sistema de pensiones es ajustar la edad real de jubilación a la edad legal, porque, atendiendo a los Instituto Nacional de Estadística (INE), en España, las personas, de media, dejan de trabajar a los 62,4 años en vez de a los 65. Para el economista, «sería más realista, atendiendo a la esperanza de vida actual, prorrogarlo hasta los 67». A los ojos de Menargues, en sus estimaciones, sería necesario que el número de trabajadores pase de los 14 millones actuales a los 30 a medio y largo plazo, lo cual es imposible. Para lograrlo, estima contraproducente subir impuestos a las empresas. Además, considera que las reformas estructurales requeridas deben incluir el «aumento de los salarios y premiar el ahorro complementario», por ejemplo, los planes de pensiones privados.
En su propuesta, Fernando Candela aboga por redefinir el reparto de responsabilidades a la hora de asumir el coste del sistema de pensiones. Para el presidente del Colegio de Abogados de Alicante, «el Estado debe cargar con el 50%, las empresas con el 40% y los trabajadores con el 10%». Los partidos políticos se preocupan por el corto plazo, pero es necesario que eso acabe, que se llegue a un gran acuerdo porque «ningún líder va a abordar en solitario la resolución de un problema que obliga a adoptar medidas impopulares como la subida del IVA al 28%, que es lo que exige Europa desde hace algún tiempo», expone Candela. «Los expertos aseguran que hay que fijar la edad de jubilación 15 años antes de la estimación de la esperanza de vida. En España esto no se cumple y hay que resolverlo si queremos que el sistema sea sostenible».
El 87% de los jubilados de la Comunidad Valenciana tiene casa en propiedad, el dato confirma a qué destinan principalmente sus ahorros los españoles. Para poder aprovecharlos al final de la vida laboral, lo expertos proponen avanzar en el desarrollo de las «hipotecas inversas». Los encuestados por el BBVA son favorables a usar la vivienda en propiedad para obtener ingresos durante su jubilacióny . Modelos como el británico, el sueco o el australiano demuestran, a juicio de los expertos, que «un sistema público de pensiones es sostenible» si se aplican las medidas oportunas, que deben pivotar en torno a tres pilares: «más transparencia en la información, más flexibilidad y potenciar el ahorro particular».
