24 de noviembre de 2019
24.11.2019

Una reforma internacional del impuesto de sociedades

Ante la generalizada irritación internacional, por los nulos o escasos impuestos que satisfacen ese tipo de empresas, el G20 le encargó a la OCDE que estudiara posibles alternativas para acabar con semejante atropello fiscal

23.11.2019 | 22:38
Una reforma internacional del impuesto de sociedades

Intentar que las grandes empresas multinacionales, particularmente las tecnológicas, paguen sus impuestos en los países donde mantienen sus negocios y obtienen sus ingresos es, hoy por hoy, como ponerle puertas al campo.

Por ello, ante la generalizada irritación internacional, por los nulos o escasos impuestos que satisfacen ese tipo de empresas, el G20 le encargó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2017, que estudiara posibles alternativas para acabar con semejante atropello fiscal.

Estas empresas multinacionales cuentan con un auténtico ejército de abogados especializados en maximizar la eficacia tributaria de sus clientes, es decir, en conseguir que paguen los menos impuestos posibles, siempre dentro del marco de la ley.

Lo hacen a través de esquemas muy complejos, pero que, en cualquier caso, están basados en ideas claras y simples: pagar los impuestos en la jurisdicción en la que los tipos impositivos sean más bajos. La multinacional siempre cuenta con una red de filiales y de sucursales y se organiza para pagar los impuestos en aquel lugar en el que declara sus ganancias, con independencia de que los beneficios se obtengan, realmente, o no en dicho lugar. De forma que la corporación, a través de un enrevesado esquema, consigue que, en los países en los que los impuestos que le afectan son más altos, sus resultados contables sean muy bajos o, incluso, negativos (pérdidas). Puede suceder -de hecho sucede con frecuencia- que ese país de impuestos más altos sea uno en el que la multinacional desarrolle una gran parte de su negocio. Sus resultados, bajo cualquier excusa legal, son transferidos a alguna sucursal o filial domiciliada en otro país en el que los impuestos sean muy bajos, aunque no tenga actividad en el mismo, o ésta sea realmente escasa.

Este problema no es nuevo, pero con el aumento de los negocios asociados al desarrollo de las nuevas tecnologías, ha adquirido una dimensión exagerada y mucho más preocupante, lo que ha hecho que las organizaciones internacionales, entre ellas, la ya citada OCDE, o la Comisión Europea, vean con preocupación que, incluso en el seno de la propia Unión Europea, existan países que establecen tratamientos fiscales especialmente beneficiosos para estas empresas, como Luxemburgo, Holanda o Irlanda.

Sin duda, deberíamos eliminar cualquier forma de competencia fiscal desleal en el ámbito de la Unión Europea. Pero no resulta fácil, porque quienes la practican no están por la labor de colaborar y la Comisión no tiene competencias para obligar a estas naciones miembros. Otra cosa es que, finalmente, la OCDE consiga formalizar una propuesta que consiga un alto grado de consenso internacional para implantar a nivel global un nuevo esquema para el impuesto de sociedades.

En esa dirección parece ir una propuesta presentada por la OCDE el 9 de octubre último, que actualmente está abierta a aportaciones de todas las naciones, ya que, más allá de la original participación de países desarrollados, ha creado un «marco inclusivo» en el que se integran los países en vías de desarrollo, con la intención de que se pueda mejorarse la propuesta a lo largo de lo que queda de año.

La OCDE se ha basado en los trabajos de una comisión independiente, ICRICT, por sus siglas en inglés, presidida por el exministro colombiano José Antonio Ocampo, actualmente profesor de Economía en la Universidad de Columbia, y de la que forman prestigiosos economistas, como el premio Nobel, Joseph E. Stiglitz, o Thomas Pikketty, entre otros. Tras el periodo de alegaciones que ha abierto, pretende cerrar su propuesta definitiva en 2020-

La reforma propuesta se construye sobre dos ideas fuerza. Por una parte, se trata de identificar con claridad los lugares en los que realmente se generan los beneficios corporativos de acuerdo con toda una serie de factores objetivos, como su volumen de ventas, el nivel de empleo o los recursos naturales que consumen, considerando a la empresa multinacional como si fuera una empresa individual. En definitiva, la finalidad es que la corporación pague en el lugar en el que realmente tiene a sus clientes y obtiene sus ingresos, con independencia de que tenga allí o no su domicilio fiscal.

No obstante, la OCDE ha «recortado» las pretensiones de la comisión independiente, ya que solamente se redistribuirían a nivel internacional una parte de los beneficios de la multinacional, pero no la totalidad, y, en principio, solamente se repartirían en función del volumen de las ventas, pero no de otros de los factores propuestos por la comisión independiente.

La segunda idea consiste en establecer un tipo único efectivo, a nivel internacional, para el impuesto de sociedades, que sea suficientemente alto. El 25 por ciento, al menos, ha sido el propuesto por la OCDE, con la intención de terminar con la desleal carrera por reducir impuestos. Una competencia fiscal entre Estados, de la que, en definitiva, solamente resultan beneficiadas las empresas multinacionales. Y ello, incluso, en ámbitos geográficos incomprensibles, como el de la propia Unión Europea.

Estamos, pues, ante una posible revolución fiscal que, en principio, no era de esperar. Precisamente por ello, algunos países -Francia por ejemplo-, han establecido un nuevo impuesto, que a nivel popular se conoce como «tasa Google», con la finalidad de no perder recaudación fiscal. España ya ha trabajado en la misma dirección, y en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que rechazó el Congreso de los Diputados, y dio lugar a la disolución de las Cortes Generales y a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales, se preveía el establecimiento de un impuesto de estas características.

Ciertamente, lo anterior -que cada uno intente resolver el problema por su cuenta de forma unilateral- no es lo más deseable, así que no es de extrañar que el documento de presentación de la reforma que ha planteado la OCDE establezca que «la propuesta se basa en la premisa de que, en ausencia de una solución coordinada y multilateral, existe el riesgo de una acción unilateral no coordinada, para atraer más base impositiva y para proteger la base impositiva existente, con consecuencias adversas para todas las jurisdicciones».

Una buena noticia es que EE UU, inicialmente reacia, se está mostrando favorable a la reforma, siempre y cuando vaya dirigida a cualquier tipo de multinacional, sea o no tecnológicamente digital, que era lo que intentaba evitar, al sentir que afectaba más, de forma muy directa, a sus grandes empresas.

Bien estará, si bien acaba, porque la única forma de garantizar la igualdad de oportunidades, donde no existe, o de mejorarla, es conseguir incrementar los recursos fiscales.

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