21 de noviembre de 2019
21.11.2019

La Generalitat sopesa crear una empresa pública para subrogar al personal de las ITV

El servicio revertirá al sistema público en 2022 y Economía se enfrenta a un difícil encaje legal de un sector con 1.200 empleados

20.11.2019 | 22:14

Los sindicatos que representan a los casi 1.200 empleados de las siete empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad ya han puesto sobre la mesa del conseller de Economía, Rafa Climent, sus inquietudes ante el proceso de reversión al sistema público a partir de 2022 de este servicio privatizado.

Después de que el Consell del Botànic II haya incluido en su programa de gobierno la recuperación de la gestión de este servicio, los sindicatos han exhibido su preocupación por el encaje legal que van a tener en el sistema público, 25 años después de pasar de depender de la empresa pública a la que estaban adscritos (Sepiva), a las nuevas concesionarias. De los empleados actuales, menos de un 20% procede de aquella. El resto se han ido incorporando este tiempo. Es decir, trabajadores que no son funcionarios entrarán en el perímetro de la Administración. La pasada semana Climent mantuvo un primer encuentro por separado con los sindicatos CC OO y UGT. La Conselleria, que está estudiando con informes y estudios cómo abordar este proceso (estructura jurídica, inversiones, nuevos gastos que va a heredar), se ha desayunado con una compleja realidad laboral.

La cuestión es que, en el tránsito desde el Sepiva a las nuevas empresas adjudicatarias en 1997, los trabajadores conservaron su estatus gracias al anexo VII del contrato de adjudicación. Sin embargo, desde entonces cada empresa ha tenido su propio convenio, en ausencia de uno sectorial, lo que propicia una casuística amplia de situaciones personales con derechos o condiciones salariales variables. Puede haber diferencias salariales desde hasta el 30% en el mismo puesto, apuntan desde el sector.

Aunque hasta el próximo año no se espera que esté clara la hoja de ruta, en estos encuentros ya se ha verbalizado que la forma jurídica más idónea para la reversión posiblemente sea la de una empresa pública, algo que la Generalitat ve como muy probable.

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