¿Cuáles son los retos y perspectivas de los servicios del ciclo urbano del agua? ¿Cuenta España con unas infraestructuras modernas para garantizar el suministro de agua a la población con eficiencia? ¿De qué modo influyen estas infraestructuras en el medio ambiente? ¿Es necesaria una nueva regulación del sector? Estas y otras preguntas fueron contestadas durante el desayuno informativo titulado «Ciclo urbano del agua, una regulación pendiente», organizado ayer por el periódico INFORMACIÓN con el apoyo de ACCIONA.

El evento, moderado por el periodista Francisco J. Benito, contó con la participación de: Miguel Navarro, director del ciclo del agua de ACCIONA; Manuel Aldeguer, director general del Agua de la Generalitat Valenciana; Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (UA); y Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).

El primero en tomar la palabra fue el responsable de ACCIONA, quien destacó que la calidad del servicio del agua potable en España «es de primer nivel» y homologable a cualquier país de Europa. Para ello, especificó que España cumple con las tres variables necesarias para ofrecer un servicio satisfactorio: buena calidad del agua, continuidad del servicio a todos los clientes y la existencia de una cantidad de agua potable suficiente para el abastecimiento urbano.

Y todo ello con un coste mínimo para el ciudadano, ya que el precio es la mitad de lo que se paga de media en Europa.

Algo que, en su opinión, debe ser tomado en consideración y que supone un riesgo porque «los precios actuales solo imputan los costes de operación y mantenimiento del ciclo del agua sin interiorizar los costes derivados de las inversiones que se hacen en materia de renovación tanto en la Red en Alta (agua sin tratar) como en la Red en Baja (agua potalizada)».

Esta realidad, que corroboraron todos los asistentes al encuentro, «es un punto débil» porque tanto la renovación de infraestructuras como la reposición de las mismas son imprescindibles para ofrecer un servicio eficiente de abastecimiento de agua. «Estamos dejando esta factura de obras a nuestros hijos, retrasando las inversiones necesarias en renovación y en nuevas infraestructuras», lamentó Manuel Navarro.

Según diferentes estudios, España requiere la renovación del 2% de los kilómetros de redes hidráulicas existentes, lo que supondría un coste de unos 8.000 millones de euros. ¿Cómo se pagan estas obras?

En este punto, los participantes coincidieron en que hay dos opciones. Y las dos impopulares. Según afirmó Manuel Aldeguer, esos ingresos extra se pueden conseguir a través de un pago directo en la factura o por impuestos.

Al respecto, Joaquín Melgarejo lamentó que en España «siempre estamos en proceso electoral y ningún alcalde asumiría un incremento de la tarifa del agua, aunque sólo sea un euro al mes», mientras que Fernando Morcillo, presidente de AEAS se mostró a favor de poner este coste en la tarifa o en los impuestos. «El ciudadano ha pagado el agua a través de tres medios: la propia tarifa, los impuestos y las transferencias del dinero de Europa. Sin embargo, estas transferencias se han acabado y eso hace que nos tengamos que fijar en la tarifa y en los impuestos».

Para Manuel Navarro, lo idóneo sería crear un canon medioambiental en el Red en Alta por el que todos los españoles pagaran lo mismo. El dinero recogido por el ministerio por este concepto debería dedicarse a la renovación de toda la infraestructura hídrica en España.

Una renovación y modernización necesarias, ya que como puso de manifiesto Manuel Aldeguer existen municipios en la Comunidad Valenciana con unas instalaciones poco eficientes. «La Sindicatura de Cuentas hizo un trabajo donde señala que la pérdida media de agua en nuestra autonomía es del 30%, pero hay municipios que están por encima del 70%», señaló, al tiempo que remarcó que la inversión dedicada «a recuperar las redes de agua es del 0,5% y en abastecimiento del 0,2%, unas cantidades bajísimas».

Entre los objetivos de la Generalitat Valenciana está el de poder influir más en la mejora de las infraestructuras hídricas. Sin embargo, el marco regulatorio actual está muy definido y hace muy difícil actuar a las autonomías. «El problema que tenemos es que el abastecimiento es competencia municipal y no de la Generalitat.

Las competencias que están claras son las del Estado (concesiones y cuencas) y los ayuntamientos en el abastecimiento urbano. La norma en relación con lo que podemos hacer las comunidades autónomas nos limita a colaborar con los ayuntamientos, por lo que creo que es necesario una regulación que permita que podamos intervenir en los abastecimientos en Alta hasta el depósito municipal», opinó el director General del Agua de la Generalitat.

La situación actual dificulta la tramitación de las iniciativas que el Consell quiere abordar. «Es un tema que debe normalizarse para poder trabajar con toda tranquilidad y con toda la responsabilidad», reseñó el representante de la Generalitat.

Más pedagogía en la población

Para afrontar el paso de lograr unos mayores ingresos para garantizar el suministro de agua de una forma eficiente por medio de la inversión en la renovación de infraestructuras, el director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la UA abogó por la necesidad de hacer pedagogía entre los consumidores y por que los políticos lleguen a un acuerdo sobre esta materia. «Hay que abandonar los populismos y evitar lanzar mensajes sobre el precio del agua que coincidan con lo que la gente piensa. No hay ningún otro bien que genere tanta satisfacción con menos precio que el agua. Si se hiciera pedagogía por todos los agentes implicados creo que un incremento en la tarifa sería asumible por la ciudadanía», resaltó.

Desde su punto de vista, lo idóneo sería «tener un regulador unitario en toda España porque ahora tenemos 8.200, los ayuntamientos, que toman sus decisiones de forma independiente. Con un regulador se establecería un precio unitario del agua a escala nacional y lo gestionaría el Ministerio». Sin embargo, lamentó que este acuerdo lo ve poco probable. Prácticamente una utopía.

Colaboración público-privada

Para ofrecer y garantizar un correcto servicio del ciclo urbano del agua, los asistentes coincidieron en la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para conseguir la máxima eficiencia en las redes. Al respecto, Manuel Navarro enfatizó que el agua en España es pública y que los operadores como ACCIONA tan solo crean nuevas infraestructuras que siempre son de propiedad pública, mejoran las existentes y operan con el servicio tras ganar una licitación.

De ahí que la colaboración sea imprescindible para ofrecer el mejor rendimiento, algo en lo que coincidió Joaquín Melgarejo al resaltar que «el modelo de gestión es muy importante y, hasta el momento, parece que la gestión mixta o privada es la que mejor está funcionando».