El expresidente de Bankinter Jaime Botín será juzgado el próximo lunes por supuesto delito de contrabando de bienes culturales, en concreto el cuadro 'Cabeza de mujer joven' del pintor malagueño Pablo Picasso, por el que la Fiscalía pide que sea condenado a cuatro años de prisión y una multa de cien millones de euros.

El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid ha señalado el juicio para el 4 de noviembre después de que estuviera previsto para el pasado 22 de julio y se aplazara a petición de la Fiscalía por cuestiones procesales y de agenda.

Según el escrito de acusación, Jaime Botín era propietario del citado cuadro, pintado por Picasso en 1906, que tenía en su domicilio de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Relata que con el fin de vender dicha obra se puso en contacto con la empresa Christie's, que ya había programado una subasta con la inclusión de dicha pintura en Londres.

El Ministerio Público agrega que el personal de Christie's le informó de que dada la antigüedad de la obra debía pedir autorización al Ministerio de Cultura para su exportación al tratarse de un bien perteneciente al Patrimonio Histórico español dado su evidente interés artístico y tener una antigüedad superior a cien años.

Recuerda que la actual legislación exige esta autorización administrativa expresa y previa del Ministerio de Cultura para la salida de España de estos bienes, incluso temporal.

Explica que este fue el motivo por el que el 5 de diciembre de 2012 Botín autorizó "de su puño y letra" a Christie's Ibérica S.L. "la presentación y gestión de la licencia de exportación con posibilidad de venta como dueño de pleno dominio de la obra ante el Ministerio de Cultura".

"Ese mismo día la citada empresa solicitó telemáticamente al Ministerio dicha solicitud de exportación definitiva, datando el cuadro en 1906 y valorado en 26.200.000 euros, para su subasta en Reino Unido, declarando que el cuadro se hallaba en Madrid", añade la Fiscalía.

Indica que la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de Patrimonio Histórico Español, un organismo consultivo del Ministerio de Cultura, propuso por unanimidad la denegación de la exportación solicitada.

Siguiéndose este dictamen, el director general de Bellas Artes dictó una resolución denegando la solicitud, que se notificó a Christies y al acusado el 27 de diciembre de 2012.

Un día más tarde el Ministerio de Cultura emitió una orden declarando la inexportabilidad del cuadro como medida cautelar hasta la pertinente declaración de bien de interés cultural, que también fue notificada a Christies y al acusado.

"Pese a ser consciente de la prohibición, el acusado trasladó el cuadro a su yate cuando estaba atracado en el puerto de Valencia con la finalidad de sacarlo ilícitamente del país, dando instrucciones a su capitán para que ocultara a las autoridades la presencia de la obra en el barco", destaca.

La Fiscalía señala que el Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó el 10 de junio de 2015 una inspección en el barco en la que requirió una declaración de los bienes que estaban a bordo al capitán, quien, "siguiendo las instrucciones de su patrón y sin que conste su conocimiento de la prohibición de salida del cuadro, no incluyó en el listado la obra de arte aunque sí otras".

El barco atracó en julio de 2015 en el puerto de Calvi de Córcega (Francia) con el cuadro a bordo y el acusado contrató a una empresa de transportes aéreos un vuelo para trasladarse con el mismo hasta Ginebra (Suiza).

"A tal efecto dio instrucciones al capitán del barco para que embalara el cuadro para sacarlo de la embarcación", subraya el escrito de acusación.

Sin embargo, en una inspección, los servicios aduaneros franceses lo localizaron en la cabina del comandante y, ante la falta de autorización administrativa para su salida de España, lo intervinieron.

El Juzgado de Instrucción acordó en agosto de 2015 el aseguramiento del cuadro como medida cautelar y solicitó su traslado a España.

Ese mismo mes, las autoridades de Bastia (Francia) autorizaron la entrega de la obra a la Guardia Civil y la misma fue llevada al Museo Nacional Reina Sofía a disposición judicial.