Los hipotecados alicantinos vuelven a estar pendientes de Luxemburgo para saber si están pagando de más por sus hipotecas. La Audiencia Provincial de Alicante ha acordado paralizar todos los procedimientos en los que se solicita la anulación del IRPH como referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos para la adquisición de vivienda, en tanto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se pronuncie sobre la legalidad de este índice. Así lo confirmaron ayer fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después de que la letrada Magdalena Rico hiciera público el primer caso afectado por la medida.

La decisión de la Sección 8ª de la Audiencia se toma después de que el pasado mes de septiembre el Abogado General de la UE se pronunciara contra este índice, que durante años utilizaron profusamente las cajas de ahorros españolas como alternativa al euríbor, al considerar que la complejidad de su cálculo impedía que los consumidores pudieran entender su funcionamiento. Generalmente se vendía como un índice más estable que el euríbor pero el resultado es que durante años quienes contrataron su hipoteca con el IRPH han pagado alrededor de dos puntos más de interés por sus créditos. Es decir, que, en la práctica, el indicador ha actuado de forma muy similar a las polémicas cláusulas suelo.

A pesar de lo anterior, hasta ahora la Audiencia de Alicante había dado por bueno el IRPH al tratarse de un indicador oficial avalado por la legislación y por el Banco de España. Sin embargo, ante el pronunciamiento del Abogado de la UE, que eleva notablemente las posibilidades de que el TJUE se pronuncie en la misma línea, el organismo judicial provincial ha optado por paralizar los procesos que tiene abiertos en el momento en que se fije fecha para su deliberación. De esta forma, pretende evitar que se produzca un «tratamiento desigual ante conflictos jurídicos sustancialmente idénticos», según señala la propia Audiencia, en una resolución del pasado 22 de octubre, en la que paraliza un caso contra Caja Rural Central.

Según fuentes oficiales del TSJ, ya son cuatro las demandas que se han dejado en suspenso temporalmente. Lo previsible es que la moratoria se aplique también en el juzgado especializado en cláusulas suelo y otros abusos bancarios -el primero en ver estos casos, ya que la Audiencia sólo se encarga de las apelaciones- pero, de momento, aún no se ha emitido ninguna instrucción al respecto, según las mismas fuentes.

De acuerdo con los cálculos de la letrada Magdalena Rico, un afectado con una hipoteca media de 150.000 euros pagará a lo largo de la vida del préstamo entre 20.000 y 30.000 euros más que si lo hubiera contratado con euribor. Un dinero que podría reclamar si la Justicia europea determina que el índice resulta abusivo por falta de transparencia. Hasta la fecha, sin embargo, las denuncias presentadas en la provincia por esta cuestión son escasas, según el TSJ, aunque fuentes jurídicas señalan que muchos bufetes están a la espera del pronunciamiento del TJUE para presentar sus demandas.

Las entidades se juegan miles de millones

La decisión del Tribunal de Justicia de la UE puede suponer un nuevo varapalo para las entidades financieras españolas. En estos momentos, los principales bancos acumulan un saldo vivo de 17.000 millones en hipotecas que se rigen por este indicador -la mayoría heredadas de las antiguas cajas- y los distintos cálculos que se barajan hablan de un mínimo de 3.000 millones que deberían devolver, si el IRPH se declara ilegal. Otras fuentes elevan a 44.000 millones el impacto. Algunos bancos han ofrecido a sus clientes pasar a tipo fijo