Aumar, firma del grupo Abertis, anunció ayer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 115 trabajadores en la autopista de peaje AP-7 entre Tarragona y Alicante por la finalización el 31 de diciembre de la concesión que tenía de esta vía. El 1 de enero la infraestructura revierte al Estado y pasará a ser gratis, según ha reiterado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Fuentes de la compañía han informado de que las extinciones de contratos afectarían a los empleados vinculados a las labores de cobro de peaje, una vez que los relacionados con el mantenimiento está previsto que se subroguen en el contrato de conservación que firme el Ministerio de Fomento, según Europa Press. De acuerdo con las informaciones sindicales, el número total de trabajadores directos que Aumar tiene en la provincia serían 62, según CC OO. De ellos, 35 estarían ocupados en los puestos de cobro de peaje, estima UGT. No obstante, tanto UGT como CC OO consideran que aún es pronto para conocer el alcance real de la medida, «dado que la empresa solo nos ha comunicado el inicio del expediente, pero no tenemos más información», coincidían Maika Faro, de CC OO, y Daniel Sancha, de UGT. Las reservas sindicales estriban en que, si bien se ha anunciado que el ajuste afectará a los empleados del cobro de peaje, desconocen qué pasará con el resto de trabajadores asignados a otras secciones, como oficinas o mantenimiento y conservación mientras no haya una nueva concesionaria. Según Aumar, los 115 empleados afectados por el ERE en la AP-7 suponen el 47% del total de los 245 trabajadores de esta vía, de 373 kilómetros de longitud, sumando los tramos norte y sur.
CC OO y UGT destacan que, durante la negociación del expediente, que comenzará el día 31, «intentaremos que la afección sea la mínima y que haya recolocaciones». Los sindicatos también advierten de que si, al final, el 31 de diciembre «cierra la empresa y no hay una nueva concesionaria, en realidad, los empleados afectados serán todos», añadía Daniel Sancha, quien critica, además, que la iniciativa ministerial de finalizar las concesiones «se ha realizado con una alta dosis de improvisación». Sancha cree que «difícilmente se van a poder cumplir los trámites de adjudicación del servicio, porque aún no se conocen los pliegos de la nueva concesión». Aunque, como ya ha ocurrido con la autopista de Burgos, mientras se cierra toda la tramitación, «se puede hacer un contrato de emergencia para adjudicar la conservación, un proceso al que se puede presentar Aumar», explicaba el representante de UGT.
Por otra parte, Fomento ha rechazado la propuesta de la Cámara de Alicante de mantener en la AP-7 peajes blandos a residentes y transportistas y más inversiones de la nueva concesionaria en el aeropuerto y el Tren de la Costa.
Aumar también ha planteado un ERE para la AP-4 de Sevilla a Cádiz, que afectará a 25 trabajadores.
