22 de octubre de 2019
22.10.2019

El fiscal pide cuatro años para el exconseller Cartagena por el fraude de la «teleco» Metrored

Los consejeros de la firma se escudan en la actuación de los directivos y aseguran que nunca se habló de engañar al fisco

21.10.2019 | 22:31

Los consejeros de la empresa de telecomunicaciones Metrored, que se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel por fraude fiscal, se escudaron ayer en el juicio en el equipo directivo de la compañía y negaron tener conocimiento del supuesto engaño a Hacienda con la compra de minutos de telefonía. Carlos Turró, presidente de Cleop y administrador societario de Metrored, alegó que en el consejo nunca hablaron de defraudar a Hacienda y lamentó que los empresarios valencianos que se implicaron en el proyecto perdieran «40 millones de euros» por el hundimiento de la empresa de telecomunicaciones. «Hoy no somos Jazztel porque nos cogió la crisis financiera», aseguró. Entre los acusados está Luis Fernando Cartagena (exconseller y exalcalde de Orihuela) para el que el fiscal reclama cuatro años de cárcel y la Abogacía pide cinco años de prisión, una multa de 13 millones de euros y el pago de una indemnización al fisco de más de 2 millones.

En el banquillo se sientan trece acusados, la mayoría empresarios de familias valencianas muy conocidas. En el momento de los hechos, los empresarios procesados representaban a accionistas de Metrored como la constructora Cleop, la citrícola Martinavarro, la inmobiliaria Ballester, la azulejera Keraben o Unión de Valores.

Hacienda llegó a la conclusión de que Metrored emitió facturas sin IVA a clientes que ficticiamente estaban domiciliados en Canarias cuando tenían pleno conocimiento de que eran de la Península y Baleares. Además, el inspector advirtió al juez del caso de que Metrored simuló a través de una filial que prestaba servicios de telefonía desde Canarias cuando en realidad se encontraba en una zona que no estaba libre de impuestos. El presunto fraude fiscal lo cometió Metrored entre 2005 y 2008 con el apoyo de las empresas Dania Servicios Tecnológicos y Voyager Tecnológica.

Los acusados son los miembros del consejo de administración cuando ocurrieron los hechos: Luis Fernando Cartagena, Reyes Ballester, Carlos Turró, José Luis Martinavarro, Rafael Benavent, Jorge Sanz y Ana Patricia Barreda Aznar. La Fiscalía y la Abogacía del Estado también piden prisión para el administrador de Dania Servicios Telefónicos Pedro Obrador y el titular del local que figuraba como domicilio social de Dania, Pedro Estupiñán.

Ayer solo declararon Ana Patricia Barreda Aznar y Carlos Turró. Barreda Aznar (para la que el fiscal pide 16 años de cárcel y la Abogacía 20 años) explicó que como consejera acudía al consejo una vez al mes y allí la dirección de la firma les exponía las diferentes líneas de negocio. «La información venía del director general. No se nos dio una información precisa de los detalles fiscales», aseguró. La empresaria negó que les hubieran informado de que había clientes ficticios en Canarias e insistió en que no tiene ni idea de si estos abonados «comportaban un ahorro fiscal».

Carlos Turró, para el que el fiscal pide 16 años y la Abogacía 20, reiteró que la idea de comprar la empresa canaria Dania (con la que se cometió el supuesto fraude) partió del comité de dirección. Turró alegó que desconocía los entresijos fiscales y subrayó que en el consejo «nunca» se planteó defraudar al fisco.

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