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Competencia rebaja la multa a Goldcar y Centauro: 16,3 millones por pactar precios

El supervisor impuso inicialmente sanciones que sumaban 21 millones de euros a las dos firmas alicantinas por participar en un cártel, pero la Audiencia Nacional ha obligado a recalcular el importe

Las instalaciones de Goldcar en el aeropuerto de El Altet.

No se librarán de la multa, pero, al menos, se ahorrarán unos 4,7 millones de euros. Tras más de seis años de batalla, las compañías alicantinas Goldcar y Centauro han conseguido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reduzca las sanciones que les había impuesto en el año 2013 por participar, junto a otras 17 firmas y asociaciones de todo el país, en un cártel para pactar los precios en el sector del alquiler vacacional de vehículos. Inicialmente entre las dos compañías debían hacer frente a un importe superior a los 21 millones de euros, que ahora se verán reducidos a 16,3 millones.

Así lo establece el supervisor en una resolución en la que atiende diversas sentencias de la Audiencia Nacional, que habían dado la razón parcialmente a las mercantiles, al entender que no se graduó correctamente la cuantía de las sanciones. Una resolución en la que también se rebaja la multa de la castellonense Record Go.

De esta forma, si inicialmente la firma fundada por los hermanos Juan y Pedro Alcaraz -y ahora propiedad de Europcar- debía abonar 15,4 millones de euros por su participación en el cártel, con el nuevo cálculo logra una reducción del 17,9%, y pagará 12,6 millones. Por su parte, la compañía de la familia Devesa y del fondo de inversión Portobello ha visto reducida su sanción un 35%, desde los 5,56 a los 3,61 millones, según las mismas fuentes. Un ahorro que, en cualquier caso, no ha contentado a los responsables de la mercantiles, que tienen intención de presentar un nuevo recurso para minorar todavía más esta cantidad.

El origen de las sanciones se remonta al año 2011, cuando la CNMC tuvo conocimiento de la existencia de un acuerdo para fijar precios en el sector del «rent a car» de bajo coste -el que suelen utilizar los turistas-, que afectaba a este negocio en varias comunidades autónomas. En concreto, según Competencia, hasta 17 empresas y dos asociaciones estuvieron durante seis años -de 2005 a 2011- pactando unas tarifas mínimas por sus servicios, así como los recargos que se abonan por las sillitas de bebé o los conductores adicionales, entre otros aspectos. También se acordaba, por ejemplo, la duración de las temporadas alta, media y baja, que influye en dichas tarifas.

Para descubrir la trama fue clave la colaboración de otra firma alicantina, Solmar, que aportó gran parte de la documentación que sirvió de base al expediente, por lo que se libró de la multa. Una compañía que, aún así, posteriormente quebró y fue adquirida por la familia del expresidente de la CAM Vicente Sala, y que fue uno de los negocios regentado por Miguel López, ahora acusado del asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez.

La investigación concluyó en agosto de 2013 con la imposición a todos los implicados de sendas multas que sumaron 35 millones de euros, de los que Goldcar, con 15,45 millones, y Centauro, con 5,56 millones, se llevaron la peor parte, al ser las que mayor volumen de facturación tenían. Además de las ya mencionadas, otras tres firmas de la provincia se vieron salpicadas: la calpina Victoria; la torrevejense Dickmanns; y la oriolana Drivalia.

Como era de esperar, prácticamente todas las mercantiles recurrieron la decisión ante la Audiencia Nacional, que en 2016 rechazó sus pretensiones de anular el expediente al considerar probada la existencia del cártel. Sin embargo, sí les dio la razón en lo referente al cálculo de la multa, ya que Competencia había impuesto a todas ellas el importe máximo previsto en la legislación -el 10% de la facturación de cada una de ellas del ejercicio anterior-, cuando la jurisprudencia señala que debe graduarse en función de los hechos, la participación de cada uno de los implicados o el beneficio que pudo obtener cada mercantil.

Goldcar, Centauro y Record Go no se conformaron y acudieron al Tribunal Supremo, que desestimó su recurso en septiembre del año pasado. Ante esta situación, las mercantiles claudicaron en su pretensión de anular por completo la sanción y reclamaron a Competencia el recálculo de la misma, de acuerdo a los citados criterios. Así, en su nueva resolución, la CNMC rebaja la multa a Centauro al 6,5% de su facturación de 2012, lo que supone 3,61 millones. Una cantidad que la firma aún ve excesiva y que piensa recurrir de nuevo, según confirmó a este diario su CEO, Erik Devesa.

Pagarán los Alcaraz

En el caso Goldcar, la sanción se reduce al 8,2% de su volumen de negocio de aquel año, por lo que su importe asciende a 12,67 millones. La compañía también va a recurrir, según las fuentes consultadas, aunque existe un acuerdo para que sean los anteriores propietarios, Juan y Pedro Alcaraz, quienes se hagan cargo de la multa, ya que la infracción se cometió durante su gestión. De hecho, las cuentas del nuevo holding de los Alcaraz -Aligrupo Business Opportunities- contemplan una provisión para hacer frente a este pago.

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