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De Santa Ana al In Tempo: las grandes quiebras de promotoras de la provincia

Desde el inicio de la crisis ya son 387 las firmas alicantinas relacionadas con el ladrillo que han entrado en concurso. La última en caer ha sido Procumasa, la empresa del expresidente del Hércules Valentín Botella

La Villa Universitaria que promovió el Grupo Santa Ana. isabel ramón

Hace ya más de una década que el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó el inicio de la mayor recesión de la historia reciente en nuestro país. Un terremoto de tal intensidad que, a día de hoy, todavía se siguen arrastrando sus consecuencias, como se pudo comprobar esta misma semana, cuando Procumasa, la promotora del expresidente del Hércules Valentín Botella, que llegó a ser una de las más importantes de la zona, entró en concurso de acreedores, tras varios años de lucha por evitar este final.

Por desgracia, no es una situación tan anómala. A pesar del tiempo transcurrido, las deudas que arrastran muchas de las firmas del sector provocan que cada mes se presente al menos una solicitud de suspensión de pagos de una constructora o una promotora en la provincia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Desde 2008 ya son 387 las quiebras que se han registrado en el negocio, según las mismas fuentes, y son sólo la punta del iceberg. Como explica el presidente de la Asociación Provincial de Promotores (Provia), Antonio Fernández, en este tiempo otras muchas firmas del sector han llegado a acuerdos con la banca o con sus acreedores para entregar sus activos y disolverse.

«El grueso de las quiebras ya ha pasado, pero es cierto que aún quedan empresas que no han logrado resolver su situación. Todavía veremos entrar en concurso a alguna más», asegura Fernández, que recuerda con resignación la masacre de los últimos años, de la que da buena fe la lista de morosos que todos los años saca la Agencia Tributaria, plagada de empresas del sector extinguidas o en liquidación.

Símbolo de la burbuja

Sin duda alguna, entre las numerosas quiebras registradas durante la crisis, la más mediática fue la de Olga Urbana, la promotora del edificio In Tempo de Benidorm, convertido en auténtico símbolo de los excesos del ladrillo en la Costa Blanca y en todo el país. Lo reunía todo para serlo: un proyecto faraónico -el edificio tiene 47 plantas y 192 metros de altura-; que fue financiado generosamente con más de 100 millones de euros por una de las cajas de ahorros que después desapareció -Caixa Galicia-; una larga batallla judicial entre los acreedores; y un inmueble que acabó en manos de la Sareb, el «banco malo» que asumió el ladrillo tóxico de las entidades rescatadas. Por si fuera poco, en el proceso falleció el propietario de la promotora, José Ignacio de la Serna, lo que complicó aún más las cosas. El resultado es que el impresionante rascacielos ha permanecido diez años parado, cuando sólo le faltaba un 5% de la obra para su finalización, y no fue hasta el pasado mes de julio cuando sus nuevo propietarios, el fondo SVP Global, logró las licencias para retomar los trabajos.

Otra de las quiebras más sonadas de la provincia fue la del grupo Santa Ana, del expresidente del Alicante Club de Fútbol Juan Antonio Iniesta. Todo un icono de lo que fueron los años de exceso del ladrillo. Un grupo que creció exponencialmente durante el «boom», al calor del crédito fácil, y cuya principal sociedad -Consorcio de Promoción y Vivienda de Alicante- multiplicó por seis sus activos en sólo dos años, al pasar de 57,6 a 340 millones. Además de una flamante sede en una de las principales arterias de Alicante, el grupo llegó a patrocinar incluso a un equipo de vela, en su época más dulce.

La deuda del grupo creció con la misma rapidez que su actividad y, con la llegada de la crisis, las compañías que lo formaban fueron cayendo una a una en el concurso de acreedores, incluida la que construyó y gestionó la Villa Universitaria de San Vicente. Sus activos acabaron subastados en los juzgados -la residencia de estudiantes se adjudicó el pasado diciembre a Grupo El Castillo-, lo que no ha frenado el espíritu emprendedor de su fundador, que sigue involucrado en nuevos proyectos inmobiliarios.

La Vega Baja, el epicentro

Aunque el tsunami alcanzó a toda la provincia, sin duda, la Vega Baja fue una de las comarcas más afectas por la sucesión de quiebras que se registró, algo lógico si se tiene en cuenta que también es la zona donde más se desarrolló el turismo residencial durante el auge constructor. La lista es inabarcable, pero algunos de los casos más destacados fueron los de Eurohouse, del grupo oriolano San Antonio, que presentó el concurso cuando acumulaba 172 millones de euros de deuda; o la de Hercusa, que corrió la misma suerte tras haber construido más de 2.000 viviendas por diversas poblaciones de la comarca.

Mención aparte merece el caso de San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, el conglomerado que erigió el empresario José Rodríguez Murcia, apodado por unos «El Mesías» y conocido por otros como «El pocero de Orihuela», en referencia al también polémico promotor de Seseña. La compañía principal del grupo fue una de las primeras en caer, en 2008, inmediatamente después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero el verdadero escándalo llegó nueve años después, cuando también fueron a concurso Inversol Grupo Urbanístico e Imperium Urbanitas, en las que Rodríguez Murcia había convencido a algo más de un millar de pequeños inversores -la mayoría vecinos de Molins y de pueblos aledaños- para que metieran sus ahorros. Un dinero que nunca recuperaron ya que, al ser accionistas, no tuvieron derecho a cobrar nada en el concurso.

Un caso parecido fue el de la promotora Riviera Invest, del empresario de origen franco-argelino Roch Tabarot, que proponía un esquema muy particular. En su caso, construía residencias para estudiantes y para la tercera edad y vendía los apartamentos a particulares que, posteriormente, se los cedían para alquilarlos con la promesa de una rentabilidad del 6% anual. Los problemas llegaron con la crisis, cuando las ventas se frenaron, las obras no estaban acabadas y no pudo seguir pagando los intereses. La firma acabó en liquidación y el propio Tabarot fue detenido y juzgado por estafa, apropiación indebida e insolvencia punible. El empresario resultó completamente exonerado de los cargos pero la compañía ya había desaparecido.

También en el interior

Aunque el tirón turístico hizo que muchas de estas quiebras se concentraran en la costa, lo cierto es que las comarcas del interior también vivieron sus propios fiascos. No hay que olvidar que, en pleno boom, raro era el municipio que no tuviera en tramitación un PAI con miles de viviendas, tras el que siempre había un promotor interesado. En Alcoy fue llamativo el caso de Luxender, la promotora de la Urbanización Serrelles, que preveía hasta 1.500 chalets a las faldas del parque natural de la Sierra de Mariola. La firma entró en concurso y la zona se convirtió durante años en una urbanización fantasma pero, además, el caso fue polémico por las supuestas irregularidades que cometieron los administradores concursales de la firma.

Por fortuna, no todas las promotoras alicantinas que entraron en concurso acabaron en liquidación. Unas pocas, las menos, lograron pactar un convenio con sus acreedores, lo que les permitió sobrevivir. Fue el caso de Torrevisa, del empresario Antonio Soria, que llegó a ser la mayor constructora de viviendas de la zona y que tuvo que acogerse a la suspensión de pagos con más de 300 millones de deuda. Tras llegar a un acuerdo con la banca, salió del concurso y ahora está en fase de cumplimiento de su convenio. Otra que siempre ha logrado esquivar la situación concursal en el último momento es Hansa, aunque en este caso la Justicia cuestiona algunos de los acuerdos de renegociación de deuda que alcanzó con la CAM, que serán objeto de juicio. Tampoco se ha visto en esta situación Enrique Ortiz ni el Grupo Urbanika, uno de los que mayor deuda llegó a acumular. Quizá sea precisamente eso, el agujero que provocaría en la banca acreedora su caída, lo que le ha salvado y ha permitido que siempre acabe cerrando algún acuerdo.

El rastro de los grandes fiascos nacionales

Además de las quiebras de empresas locales, la provincia también presenta numerosas cicatrices fruto de los grandes concursos de inmobiliarias nacionales. Hace sólo unas semanas, los liquidadores de Martinsa Fadesa sacaban a subasta varios terrenos que la promotora tenía en la provincia, entre ellos los 170.000 metros cuadrados de la urbanización Penya Roja, de Pego, por los que reclamaban 15 millones. Reyal Urbis o Nozar son otros de los grandes grupos que dejaron activos en la zona cuando solicitaron sus respectivos concursos. En concreto, la primera acumulaba 80 millones de euros en solares y terrenos en la provincia, antes de su liquidación. La Sareb y los fondos buitre han sido el destino de la mayoría de los activos de estas compañías desaparecidas.

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