Durante años el principal distribuidor de carburantes del país, CLH, del que se abastecen la mayoría de estaciones de servicio, estuvo pagando un sobreprecio por los trabajos de mantenimiento de sus instalaciones en la provincia de Alicante. Al menos así lo asegura la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ayer anunció una sanción de 54,26 millones de euros contra 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial por pactar precios y repartirse los contratos que licitaban los principales operadores petrolíferos del país para la construcción o la conservación de sus infraestructuras.
Es decir, por formar un cártel que amañó al menos 746 adjudicaciones en toda España entre enero de 2001 y julio de 2017, y que tuvo entre sus víctimas a firmas tan destacadas como la citada CLH, Repsol, Cepsa, Gas Natural, Iberdrola o Endesa, entre otros.
En el caso de la provincia, la CNMC detectó en el transcurso de sus investigaciones al menos 16 contrataciones que habrían sido objeto de reparto entre los miembros de este cártel o las empresas locales que colaboraban con ellas: cuatro en el año 2005; dos en 2009; otras cuatro en 2014; y seis en 2017. Todas ellas se refieren a contratos de mantenimiento de distintas instalaciones de CLH, tanto de sus depósitos de almacenamiento general -la firma tiene en el partida de Els Reiets, en Bacarot, un complejo de donde sale la mayoría de los carburantes que se distribuyen a las estaciones de servicio de la provincia-, como de las que gestiona en el aeropuerto de El Altet para atender a las compañías aéreas.
Aunque fue evolucionando a lo largo de los años, el «modus operandi» de estas firmas consistía en que la firma designada por el cártel para ser la adjudicataria comunicaba al resto el precio que iba a proponer para la realización de un trabajo, con la finalidad de que otras compañías del grupo presentaran ofertas de cobertura, es decir, presupuestos de mayor importe, de tal forma que el cliente se decantara por la elegida. De esta forma, se hinchaban artificialmente los costes y se elevaban los beneficios de los participantes.
Pelea por la provincia
En el caso de Alicante, el expediente de Competencia señala que en los primeros años una beneficiaria habitual era la firma murciana Tamar, que solía adjudicarse contratos tanto en Alicante como en la región vecina y en Motril, en Granada. Sin embargo, la liquidación de esta compañía en 2013 provocó que otros dos miembros del cártel -Meisa y Mecánicas Bolea- se disputaran el territorio, según las citadas fuentes. La pelea se saldó durante una reunión en enero de 2014 en un céntrico hotel de Madrid, en la que, entre otra serie de cosas, se decidió que la última de ellas sería quien se quedara con las instalaciones de Alicante y Cartagena.
Como explican desde la CNMC, el montaje y mantenimiento de instalaciones industriales requiere de técnicas y conocimientos «complejos y específicos de seguridad, calidad industrial y medioambientales». Por este motivo, es habitual que las grandes empresas del sector energético y petroquímico recurran a empresas especializadas para los trabajos de construcción o de conservación de sus tanques de combustible en las centrales de almacenamiento, en plantas de generación eléctrica o en los aeropuertos. Esta complejidad lleva a que el número de compañías capacitadas para realizar los trabajos no sea excesivo, lo que favorece este tipo de acuerdos. Además de a las propias empresas, la CNMC ha multado a ocho de sus directivos con cantidades que suman 280.500 euros.
