A pesar de que cuando se piensa en el avance de Internet la mayoría lo asocia con algo etéreo, con un mundo de unos y ceros que no se pueden tocar, lo cierto es que la infraestructura física es tan o más importante que en cualquier otro negocio. Sobre todo desde que se ha impuesto la fibra óptica como estándar y cada operador se ha visto obligado a disponer de su propia red. Las prisas por llegar antes que los competidores a determinadas zonas o la necesidad de rebajar costes para realizar la oferta más atractiva han provocado que los postes y las conducciones para tirar el cable se hayan convertido en un objeto muy codiciado por todas las compañías, y no siempre se respetan las normas.
La mayoría de estas infraestructuras pertenecen a Telefónica, que está obligada a facilitar su uso al resto de operadoras, siempre a cambio de un peaje y de realizar las adecuaciones necesarias para que puedan soportar el peso de los nuevos cables. El problema llega cuando algunas compañías deciden no esperar y despliegan su red aprovechando estos postes sin pedir las autorizaciones pertinentes.
Es lo que ha ocurrido en la provincia, donde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha instado a la operadora Avatel a regularizar la ocupación que había realizado de más de 850 infraestructuras -la mayoría postes-, sin contar con los permisos necesarios. De momento, el regulador ha rechazado sancionar a la compañía u obligarla a retirar el cable pero le ha dejado claro que no dudará en hacerlo si no llega a un acuerdo con Telefónica y le abona los costes atrasados. Un pacto que ya estaría a punto de cerrarse, según las fuentes consultadas.
En cualquier caso, lo más llamativo es que la denuncia no llegó de la antigua compañía estatal, sino de un grupo de operadores locales de las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baja que fueron los que detectaron la presencia de cables no autorizados cuando desplegaban su propia red. Se trata, en concreto, de las firmas Riotelecomm, Closeness y Dragonet Comunicaciones. «Nos dimos cuenta de que había un competidor que, de repente, ofrecía fibra en urbanizaciones donde nosotros aún no estábamos porque era muy costoso llegar o que promocionaba precios que no cuadraban con los costes que hay que pagar a Telefónica por usar estas infraestructuras», apunta David Corredor, desde Dragonet.
Fue entonces cuando comprobaron que en muchos postes y conducciones habían cables que no tenían controlados y decidieron ponerlo en manos de la CNMC. Denunciaron hasta 977 instalaciones, según el expediente que ha hecho público el regulador, aunque los datos de Telefónica, que luego se sumó a la denuncia, y las alegaciones de la propia Avatel rebajaron la cifra hasta 851. La compañía argumentó que era práctica habitual en el sector solicitar los permisos pero iniciar la instalación del cable sin esperar respuesta para no perder tiempo, aunque luego hubiera que realizar correcciones. En la misma línea, el responsable de la firma en la zona norte de Alicante, Hugo Campón, señaló ayer a este diario que buena parte de la infraestructura de la compañía en las Marinas procede de una firma local que adquirieron en 2017 y que, desde el momento en que la CNMC les requirió y fueron conscientes de la situación, se han esforzado por regularizarla.
Ventajas
Por su parte, los denunciantes argumentan que la ocupación indebida que realizó de los postes permitió a Avatel ofrecer servicios en condiciones «más ventajosas» e, incluso, limitó el despliegue de sus propias redes ya que cuando iban a realizar las instalaciones se encontraban con que el espacio ya estaba ocupado. «Muchas veces para pasar el cable te obligaban a sustituir el poste de madera por otro de hormigón y todo eso se lo han ahorrado», asegura el portavoz de Dragonet. Por ello pedían sancionar a la firma y obligarle a retirar su red. Sin embargo, Competencia rechazó estas pretensiones, en primer lugar, porque esta práctica no está tipificada como infracción en la Ley General de Telecomunicaciones y, en segundo, por las consecuencias que podía tener para los clientes de la compañía.
En su lugar, impuso a Avatel la obligación de llegar a un acuerdo con Telefónica y a abonar los costes atrasados, y les dio dos meses para hacerlo, antes de emprender otras medidas. En este sentido, desde Avatel aseguran que este acuerdo ya está casi cerrado y que esperan tener un borrador esta misma semana. Igualmente, aseguran que los pagos que deben realizar son totalmente asumibles por la firma, que mantiene todos sus servicios.
No obstante, el caso también ha servido para que Telefónica pusiera sobre la mesa la elevada frecuencia con que se producen estas ocupaciones de su infraestructura, lo que ha llevado a la CNMC a abrir un procedimiento para analizar posibles cambios legislativos para frenarlas y multar a los infractores.
