La factura de la crisis financiera aún no está cerrada. BFA Tenedora de Acciones, sociedad del Estado propietaria del 61% de Bankia, se expone a abonar 1.500 millones de euros más por los pleitos de las participaciones preferentes, productos financieros complejos que se vendieron a los ahorradores y que provocaron una oleada de litigios, algunos en curso. De momento, ya se han pagado a los ahorradores que tenían estos títulos 1.700 millones por las demandas que se han ido resolviendo y liquidando. BFA reconoce en sus cuentas que la cifra puede crecer.
Elevado riesgo
Las preferentes eran un producto que había estado reservado a los inversores cualificados (fondos o gestoras), conocedores del elevado riesgo que asumían al comprarlas. Podían lograr altas rentabilidades o perder todo el dinero en casos extremos, como la quiebra de la entidad.
El problema se originó cuando bancos y cajas de ahorros se lanzaron a vender preferentes a pequeños ahorradores entre 1998 y 2007. Bancaja, fundadora de Bankia, fue la primera caja en emitir preferentes destinadas al público generalista, en 1999, recorriendo un camino iniciado antes por BBVA y Santander.
A cambio de su dinero, los inversores recibían estos títulos, que daban derecho a cobrar una rentabilidad anual fija predeterminada, sujeta a que se cumplieran determinadas circunstancias, como que la entidad tuviera beneficios para repartir. Las preferentes eran perpetuas y no existía un plazo exacto para que el comprador recuperara el dinero.
Dependía de la voluntad de la entidad, quien, no obstante, podía recomprárselas al ahorrador y devolverle el efectivo a partir del quinto año. El precio de recompra no tenía por qué ser necesariamente superior al original, por lo que el ahorrador podía perder parte de su dinero. Las preferentes no estaban cubiertas por el Fondo de Garantía, como sí sucedía con los depósitos. En este último caso si quiebra una entidad, está garantizada la recuperación de 100.000 euros.
Si un inversor quería desprenderse de las preferentes antes de la recompra, podía buscar otro adquiriente, ya que cotizaban en los mercados de deuda. El precio de los títulos se fijaba en función de la oferta y la demanda.
Malas prácticas
Pese a su complejidad y su gran riesgo, los particulares devoraron las preferentes, en muchos casos sin saber lo que adquirían. Fue así bien porque se les ocultó la tipología de los títulos, se les explicó de forma somera o bien porque carecían de capacidad para entender lo que compraban. La casuística de las malas prácticas fue amplísima. En 2005 existían unos 22.400 millones de euros en preferentes. Bancaja con su primera emisión logró 300 millones y pagó a los inversores un interés del 4,5% en los cinco primeros años.
Con el dinero de los ahorradores, las entidades fortalecían los recursos propios que necesitaban para financiar su expansión y en buenas condiciones. Si no tenían beneficios, no remuneraban. Los productos se vendían al instante a través de la red de oficinas.
Mientras duraron los buenos tiempos, las entidades pagaron los intereses de las preferentes. Pero la crisis de 2007 se llevó por delante este producto. En 2010 Cajasur dejó de pagar el cupón de las preferentes. El nerviosismo se propagó al conjunto del sistema financiero y cuando los ahorradores acudieron a rescatar su dinero no pudieron. Muchos creían que tenían depósitos y no preferentes. Las entidades se negaron a recomprar, quedándose atrapados en un producto sin salida.
Las denuncias se sucedieron entonces, primero ante los organismos supervisores y luego en los tribunales. En unos casos se daba la razón al cliente (los más) y en otros, al banco, cuando quedaba demostrado que el ahorrador sí sabía lo que compraba. La crisis fue tal que las entidades recompraron parte de las preferentes, que hoy ya son historia, o las cambiaron por acciones.
Recuperación del dinero
Bankia nunca emitió preferentes pero como heredera de las cajas fundadoras no fue inmune a la crisis. Más de 170.000 personas habían comprado preferentes y otros productos complejos. En 2013, cuando el banco ya había sido nacionalizado, se creó un arbitraje para resolver las disputas, siempre que el ahorrador renunciara a la via judicial. 137.000 compradores aceptaron y se les devolvieron 1.100 millones. Otros clientes, en torno a 33.000, renunciaron al arbitraje y fueron a los tribunales, que dieron la razón al ahorrador en muchos casos. Esta vía costó al grupo 1.700 millones.
Entre arbitraje y vía judicial, se han tenido que devolver a los ahorradores 2.800 millones de euros. Se calcula así que en torno al 75% de los inversores han recuperado totalmente su inversión.
Para pagar la vía judicial, se constituyó una provisión, una hucha para imprevistos como los derivados de los pleitos de las preferentes. Conforme se conocen las sentencias, la sociedad controlada por el Estado tira de la hucha y paga.
La provisión se ha utilizado en 1.700 millones, quedando disponibles unos 130 millones, según la memoria de BFA del primer semestre de este año. El coste podría ser mayor en función de las demandas que faltan por resolver o las que puedan llegar. BFA dice que «existe una elevada incertidumbre asociada al volumen de demandas que se puedan recibir en el futuro y al resultado de las resoluciones judiciales pendientes». La sociedad indica que «la potencial contingencia derivada de las futuras demandas podría ascender a un importe adicional máximo estimado, incluidos los intereses de demora, en el entorno de los 1.500 millones de euros».
Esta cifra supone elevar un 12% el riesgo potencial de la anterior estimación, de diciembre de 2018, que era de 1.334 millones. El Estado guarda en BFA los dividendos que cobra por los beneficios de Bankia y parte de ello es para sufragar los costes de las preferentes.
