La intención de la nueva presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, de rebajar en medio punto los tipos de todos los tramos del IRPF para convertir la capital del Estado en una especie de oasis fiscal -en contraposición a lo que calificó como «infierno» impositivo de las autonomías socialistas- elevará aún más el agravio comparativo que se da entre los contribuyentes de esta autonomía y los de otras, como la Comunidad Valenciana. Una diferencia que se registra especialmente entre las rentas más elevadas, sobre todo después de la reforma que aprobó el Consell de la escala autonómica de este tributo en 2016, que la convirtió en la más cara para quienes ganan más de 120.000 euros, eso sí, a cambio de una reducción para los que menos ganan.
Así, no es de extrañar que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se convirtiera esta misma semana en una de las principales voces críticas con el anuncio de Díaz Ayuso, a la que acusó de realizar «dumping fiscal» al resto de autonomías, tras recordar que la infrafinanciación que sufre la Comunidad y la necesidad de garantizar los servicios públicos le impiden adoptar medidas similares. Del mismo modo, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, calificaba, en una entrevista radiofónica, de «estafa a los propios madrileños» la rebaja fiscal de la dirigente popular ya que, a su juicio, beneficiará sobre todo a los más pudientes y perjudicará a la calidad de las prestaciones públicas del ejecutivo madrileño.
Pero, más allá de rifirrafes políticos, ¿cuál será realmente la diferencia entre lo que pagarán madrileños y valencianos, si Díaz Ayuso cumple su promesa? Como es lógico, los efectos serán mayores cuanto más alta sea la renta declarada, tal y como muestran los cálculos facilitados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales. Por ejemplo, si hasta ahora un asalariado de base con un sueldo de 16.000 euros, soltero y sin hijos, se ahorraba 46,7 euros en su cuota del IRPF si vivía en Madrid, con respecto a lo que pagaría en la Comunidad, ahora la diferencia será de 70 euros. Para un trabajador cualificado con unos ingresos de 30.000 euros la diferencia actual entre residir en una u otra autonomía son 129 euros, que pasarán a ser 232 euros con la nueva rebaja; mientras que en el caso de un mando intermedio con un salario de 45.000 euros, el ahorro en la declaración de la renta llegará a los 474 euros, frente a los 301 de la actualidad.
La distancia se dispara en los tramos más elevados de ingresos. Así, un ejecutivo madrileño que gane 220.000 euros pagará hasta 8.233 euros menos que su homólogo valenciano con la nueva escala, por los 7.187 que se ahorra en estos momentos.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez, recuerda que estas importantes diferencias en el IRPF, unidas a las que también se registran en el Impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones -que Madrid tiene bonificados casi al 100%-, ya ha provocado casos de contribuyentes que han decidido trasladar su domicilio fiscal a la capital para reducir su factura tributaria. Eso sí, como apunta el especialista, estos cambios deben responder a traslados reales ya que, de lo contrario, pueden ser sancionados por la administración.
Campaña del Consell
En un intento por atajar esta fuga ficticia de fortunas, la directora de la nueva Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, ya anunció la pasada primavera la puesta en marcha de una batería de medidas -que incluyen el cruce de datos de distintas administraciones- para comprobar que los cambios de domicilio que se registran entre las rentas altas son reales. Eso sí, de momento, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico no ha hecho públicos los resultados de las inspecciones que ya ha realizado por este motivo.
Sin querer entrar en valoraciones políticas, el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Jesús Sanmartín, se mostró ayer partidario de armonizar los impuestos de las distintas autonomías o, al menos, de establecer unos mínimos comunes. En la actualidad, las comunidades tienen competencias para fijar los tipos de la mitad del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas y establecer su propia escala.
