El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado imputar como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionado con la una operación de espionaje encargada en el año 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de investigar si el banco habría encargado a Cenyt, grupo empresarial del comisario, servicios de espionaje a diferentes personas.
Esta investigación se enmarca en la novena pieza del caso Tándem, relativa a los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.
El juez García Castellón ha acordado en un auto requerir al BBVA que designe a la persona que a partir de ahora le representará ante la Audiencia Nacional, según han informado fuentes jurídicas. De este modo, el magistrado rechaza la petición de la entidad financiera de personarse en la causa como perjudicado, con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, que permite trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas.
El instructor ha adoptado esta petición tras estudiar el informe presentado por la Fiscalía Anticorrupción el pasado miércoles en el que solicitó la imputación del banco como persona jurídica, por haber presuntamente contratado al excomisario cuando aún era policía en activo. Asimismo, el Ministerio Público también rechazó en su escrito la posibilidad de que la entidad financiera se personase en el caso como perjudicado.
Según Anticorrupción, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.
La Fiscalía afirma que, del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA, se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.
Asimismo, destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.
Esta pieza de la causa Tándem, la número 9 -que se encuentra bajo secreto de sumario- es muy compleja y ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.
¿Qué consecuencias puede tener para la entidad?
De ser declarada culpable, la compañía se enfrentaría previsiblemente a una multa, aunque la ley prevé una posible disolución, la suspensión de actividades durante cinco años, inhabilitación para ayudas públicas y beneficios fiscales, o la clausura de sus establecimientos. Además, el Código Penal prevé la prohibición definitiva o temporal de las actividades en las que se haya favorecido o encubierto el delito. El banco ya admitió que podía haber «impacto negativo reputacional o económico».
¿Qué puede ocurrir ahora?
La duda sigue siendo si habrá más imputados próximos al BBVA, y si entre ellos podría estar el expresidente del banco, Francisco González, o algún miembro del actual consejo de administración, que sólo tiene tres caras nuevas desde 2017: Jaime Caruana, Onur Genç y Ana Peralta. Si en el proceso judicial se imputara a un miembro del actual consejo, el BCE tendría que evaluar la idoneidad de esa persona para seguir en el máximo órgano de gestión del BBVA.
