Un Consell con 84 direcciones generales, 28 más que en la estructura orgánica del primer Botànic, y, entre ellas, una nueva Dirección General de Coordinación del Diálogo Social que dependerá directamente de Presidencia y, por tanto, de Ximo Puig. Una cuestión ésta que, por más que sea fruto del acuerdo entre el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, se ve con suspicacias en la coalición de izquierdas y, en particular, en la Conselleria de Economía, ante el temor de que eso pueda suponer perder competencias e incluso líneas presupuestarias, a la sazón, en una cuestión que afecta directamente a patronal y sindicatos. Unos recelos en los que, por contra, desde el PSPV-PSOE no ven fundamento. Alegan que simple y llanamente lo que se busca es dar impuso y coordinar la concertación social, sin que eso suponga quitar peso a Rafa Climent y a su departamento. Y todo con un telón de fondo: desde determinados círculos empresariales y sindicales lo que se le había venido transmitiendo personalmente a Puig es que querían que no solo el PSPV asumiera el diálogo social, sino que fuera una competencia directa del jefe del Consell.
Por partes. Los guiños de Ximo Puig a la patronal CEV y a UGT y CC OO, e incluso a la inversa, han sido una constante en los últimos meses. Solo un dato: en campaña el entonces candidato socialista se comprometió a que si repetía en el Palau de la Generalitat su primera reunión sería con el presidente de los patronos valencianos y con los secretarios generales de los dos principales sindicatos. Y así fue. Mientras, desde la otra parte han sido varias las ocasiones en las que se ha trasladado que, en cuestiones de concertación social, las riendas las debe tomar directamente Puig, algo que, por el momento, ha acabado cuajando en esa Dirección General de Coordinación del Diálogo Social dependiente de Presidencia, y que recaería en alguien de las filas socialistas. Cuestión aparte son las competencias que pueda acabar teniendo, algo que dependerá de lo que marque finalmente el Reglamento Orgánico de Funcionamiento, que es el que definirá las competencias de cada conselleria, y, por tanto, dará el pistoletazo de salida al debate real que marcará si los recelos pueden derivar en un conflicto entre los dos principales socios de gobierno, o queda todo en nada. Y eso, de nuevo, con el departamento de Economía de por medio, que ya tuvo varios choques en la legislatura anterior con Hacienda.
Mientras eso sucede, desde ciertos sectores de Compromís admiten que una cosa es lo que se ha aprobado por el momento y otra la implementación que puede tener a efectos prácticos. Ahora bien, las líneas que han comenzado a marcar los socialistas no les gustan, por lo que puede suponer de declaración de intenciones inicial. «No se entendería que esa nueva dirección general traspasara las funciones de mera coordinación y tuviera competencias propias de Economía, igual que no se entendería que fuera la que se encargara del reparto de subvenciones», señalaban desde la coalición ayer, justificando esas desconfianzas. Incluso parece ser que desde la formación ya han trasladado en determinados foros los reparos que tienen hacia esa dirección y hacia el contenido que se le puede acabar dando.
La lectura que se hacía en las filas del PSPV-PSOE, en cualquier caso, era totalmente opuesta. Descartaban que se pudiera producir choque alguno con sus socios bajo el argumento de que, en última instancia, esa dirección simplemente se va a encargar de dar impulso a la concertación social y de coordinar las cuatro mesas temáticas en torno a las que va a girar esta cuestión en el presente mandato: la mesa social presidida por la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra; una segunda de finanzas y modelo productivo dirigida por el titular de Hacienda, Vicent Soler; una tercera de asuntos económicos, liderada por el propio Climent; y una cuarta, de nueva creación, sobre transición ecológica, con el vicepresidente segundo y titular de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau.
«Será el Reglamento Orgánico de Funcionamiento el que delimite las competencias concretas de las consellerias, pero no hay intención alguna de quitar competencias a nadie», subrayaban desde el PSPV-PSOE.
Sea como sea, y a expensas de lo que ocurra con ese reglamento, lo único que parece evidente es que alguna organización sindical y la propia patronal se encuentran más cómodas teniendo como interlocutores a Puig y a los socialistas que a Climent y a sus compañeros de Compromís, y no lo han ocultado en los últimos tiempos.
