La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, confirmó ayer que el Gobierno estudia imponer una tasa a los bancos por cada reclamación que se interponga ante la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero, con el objetivo de ayudar a financiar esta nueva institución. La tasa, que según el económico Cinco Días sería de 200 euros, también se convertiría en un incentivo, según la ministra, para que las entidades resolviesen los problemas con los usuarios en su propio seno. Así lo indicó Calviño, que lamentó que la creación de dicha autoridad es el único proyecto normativo que el Gobierno no ha podido sacar adelante en el último año porque «no ha habido tiempo». «Lo que hemos visto en estos años es que los sistemas de reclamaciones de los bancos y luego tener que ir a la Justicia hacen que los procesos de reclamación sean muy largos y costosos», explicó. En la misma línea, Calviño incidió en que los mecanismos de supervisión del Banco de España y la CNMV no son vinculantes y, por tanto, no obligan a cumplir sus resoluciones. «Esto limita la efectividad de los sistemas, y yo creo que todos los ciudadanos sienten que es necesario este refuerzo de su protección en el ámbito financiero», señaló.

La intención del Gobierno es que esta nueva Autoridad sí emita dictámenes vinculantes y que sea gratuita para los usuarios.