Todos perderían algo para que al final todos salieran ganando. Éste es el planteamiento de partida de las conversaciones a varias bandas con las que los implicados en el proceso penal abierto por los negocios de la CAM en el Caribe pretenden cerrarlo sin tener que buscar un nuevo aplazamiento. Y, sobre todo, sin jugárselo a la carta de un juicio de resultado incierto del que todos pueden salir escaldados. Los exdirectivos, con condenas de cárcel; el Fondo, con las manos vacías porque se cuestione su perjuicio; y Caser, con 15 millones menos por su condición de responsable civil.
Después de una primera suspensión de la vista oral el 3 de junio, la última se produjo el lunes cuando el tribunal de la Audiencia Nacional que preside la magistrada Concepción Espejel tuvo que posponer el juicio hasta el próximo 17 de septiembre. La presidenta respondía así a la demanda de tiempo planteada por quienes están jugando esta partida de ajedrez en un último intento de conjugar sus respectivos intereses y zanjar un asunto que se inició por una querella del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) hace ya siete años.
Recuperados 12,5 millones de los 28 en que el Banco de España cifró el quebranto económico que provocó a la caja sus negocios hoteleros en el Caribe (gracias a las conformidades alcanzadas con los empresarios Juan Ferri y José Baldó, con quienes la CAM se alió para aquella aventura transatlántica y que con este acuerdo se libran de la cárcel), el Fondo de Garantía de Depósitos estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones de recuperar el resto a cambio de no quedarse sin nada.
Descartado hasta ahora un acuerdo como el alcanzado con Ferri y Baldó con los dos exdirectivos de la CAM Roberto López Abad y Daniel Gil, una salida a la que especialmente el exdirector general es reacio, al organismo que saneó la caja con más de 5.249 millones para que pudiera venderse al Sabadell por un euro no le importaría rebajar sus pretensiones y cobrar siete en vez de los más de doce millones que reclama si así se garantiza el pago.
Una cantidad que saldría de las arcas de Caser, la aseguradora con la que la caja de ahorros tenía contratada una póliza de responsabilidad civil para sus altos cargos y llamada a este proceso como responsable civil directa. Sin embargo, la compañía tendría que comprometerse a no reclamar después a los ex altos ejecutivos. Es decir, que renunciara a ejercer el derecho de repetición que le faculta a exigir el importe abonado al asegurado cuando éste haya actuado con dolo. O, lo que es lo mismo, la administración desleal que se les imputa.
Caser no recuperaría así esos siete millones, pero evitaría arriesgarse a ser condenada a abonar el total de lo que reclama el Fondo con el problema añadido, además, de quedarse a dos velas en su intento de que López Abad y Gil devolvieran los quince millones de la prima.
Un compromiso por parte de la aseguradora que se presenta como indispensable para negociar una conformidad con los dos exdirectivos. Ellos, a cambio de admitir los hechos y cargar con una condena (la tercera para López Abad y la primera de Gil, a quien le quedan otros dos procesos pendientes), lograrían una rebaja considerable en la pena (ahora se le reclaman cuatro años y podría no superar el año, lo que les garantiza que no irán a prisión) y solventar el problema de la responsabilidad civil que tanto les preocupa, sobre todo a López Abad.
Un planteamiento que ahora los órganos de dirección tanto del Fondo como de Caser tienen que estudiar en sus consejos de fin de mes para decidir si, como se está barajando en los contactos entre abogados, les conviene renunciar a algo para no perderlo todo.
