01 de julio de 2019
01.07.2019

La Audiencia Nacional suspende el juicio por los negocios de la CAM en el Caribe

El Fondo de Garantía de Depósitos retira las acusaciones contra los miembros de la comisión de control mientras los exdirectivos de la CAM no desvelan si se conformarán con los hechos

01.07.2019 | 10:02
Los acusados en la sala de la Audiencia Nacional donde estaba prevista la celebración del juicio.

Apenas 40 minutos han bastado para que el juicio por los negocios de la CAM en el Caribe comenzara y concluyera con el acuerdo de reanudarlo en septiembre y la retirada de los cargos del Fondo de Garantía de Depósitos a todos los miembros de la comisión de control a los que acusaba. A la vista de la retirada de las acusaciones han quedado exentos de toda responsabilidad el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés y los exmiembros Francisco Grau, exasesor fiscal de Zaplana, Remedios Ramón y Asunción Martínez. Asimismo también ha quedado exento el empleado de Ferri y Baldó Francisco Climent. Contra Vicente Sánchez también se ha retirado la acusación.

Ferri y Baldó llegan a la Audiencia Nacional junto a sus abogados.


El juicio de los 11 acusados por los negocios que la CAM montó en el Caribe junto a la mercantil Valfensal, propiedad de los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó,  debía arrancar hoy en la Audiencia Nacional con las dudas de si habría una conformidad unánime de todos los acusados y no se celebraría la vista o si por contra el juicio se desarrollaría a lo largo de las próximas jornadas. El primero en llegar ha sido el exdirector general de la caja Roberto López Abad, quien lo ha hecho solo en un principio, aunque luego se ha reunido con su abogado. Con posterioridad han ido llegando Ferri y Baldó acompañados de su abogado y entre otros, el exasesor de Zaplana y exmiembro de la comisión de control de la caja Francisco Grau.

López Abad llega a la Audiencia junto a su abogado.

A la vista se llegaba con la conformidad firmada por parte de los empresarios, quienes han admitido que recibieron créditos irregulares de la caja y que defraudaron a Hacienda a cambio de no ingresar en prisión. Los hoteleros han tenido que pagar ademas alrededor de 27 millones con lo que se han garantizado que la pena que se solicita para ellos no superará en total los 2 años, es decir, que en ningún caso volverían a la cárcel donde ya estuvieron unos días al inicio de esta investigación.

Daniel Gil (primero por la derecha) seguido de su abogado Pablo de la Vega y de otros letrados, entre ellos el de la aseguradora Caser

La gran duda estaba en si el exdirector general seguiría los pasos de los empresarios y aceptaría también los hechos a cambio de rebajar la pena y de abonar una cantidad, donde radica el principal escollo.

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