De locomotora a farolillo rojo. Tras años de fuerte crecimiento, aupada por la mejora de las exportaciones y del consumo interno, la industria se convirtió el año pasado en el sector que menos aportó al crecimiento de la Comunidad Valenciana, lastrada por los efectos que el Brexit o la guerra comercial entre China y Estados Unidos tuvieron en el comercio mundial. Todo un revés para el tan ansiado cambio de modelo productivo que propugnan tanto el Consell como los principales agentes económicos de la autonomía, que insisten en que el impulso al sector fabril es la mejor forma de elevar la calidad del empleo y los salarios y, por tanto, de cerrar las heridas de la crisis.
Así lo pone de relieve el Comité Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana en la Memoria de 2018 que ayer dio a conocer, y en la que insiste en la necesidad de intensificar las políticas públicas para favorecer la competitividad del sector y la cooperación entre empresas para facilitar la innovación. Los datos son rotundos. Si la economía valenciana en su conjunto pasó de crecer un 3,1% en 2017 a un 2,1% durante el pasado año, en el caso de la industria la ralentización fue mucho más acusada, ya que el crecimiento pasó del 4,5% al 1,3% e, incluso, al 1%, si solo se tiene en cuenta la industria manufacturera, es decir, si se excluye la facturación de las empresas de energía y agua.
Este frenazo provocó que el peso relativo de esta actividad en el conjunto del PIB autonómico se redujera desde el 18,5% al 18,3%, cuando el objetivo al que todos apuntan es el de situar su aportación por encima del 20%. No obstante, lo más preocupante fueron los efectos sobre el empleo, ya que este menor ritmo de crecimiento se tradujo en la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo en toda la Comunidad. A este respecto, los datos del CES también dejan claro que es la industria alicantina la que se lleva la peor parte, al concentrar más del 80% de toda esta destrucción de empleo, con más de 16.500 puestos desaparecidos, el 12% de todos los que existían en la provincia el año anterior.
Aunque el CES no llega a relacionarlo, la explicación a esta mayor debilidad de la industria alicantina podría estar en las menores inversiones realizadas en la provincia en este sector. Y es que, en los últimos cuatro años, Alicante ha sido la provincia de la autonomía donde menos dinero se ha gastado en instalaciones o bienes de equipo en esta actividad, con 855 millones de euros, apenas el 16,4% del total de la Comunidad. Por contra, en Castellón la inversión alcanzó los 1.250 millones en el mismo periodo (el 24% del total autonómico) y en València, los 3.096 millones (59,6%). Dentro de la provincia son el Alto Vinalopó y la Vega Baja las que han concentrado los mayores gastos en este apartado.
Ante esta situación, desde el CES recalcan la necesidad de potenciar las políticas «que garanticen la permanencia del tejido industrial existente en nuestro territorio y favorezcan la generación de nuevas actividades». Unas actuaciones que, a su juicio, deben pasar por una mayor apuesta por el I+D+i y la digitalización -en lo que se conoce como industria 4.0- pero también por la internacionalización. Además, el CES señala que se debe aprovechar la existencia de «clusters comarcales e intensificar el proceso de localización, agrupación y cooperación de empresas», para facilitar la trasferencia de conocimientos y la generación de innovaciones.
Casi 15.000 euros menos productivos por trabajador
La Memoria del CES evidencia el problema de productividad que arrastra la industria de la Comunidad Valenciana. Así, a pesar de que el recorte de empleo ha elevado artificialmente este indicador, cada ocupado del sector en la autonomía produce una media de casi 15.000 euros menos que que los del resto del país. En concreto, las fábricas de la zona facturan 52.200 euros por empleado frente a los 67.000 de la media nacional, unos datos que ponen de relieve la necesidad de mejorar los procesos, apostar por la automatización y también por productos de mayor valor añadido. Por otra parte, el informe señala que fue el sector del material de transporte -automóvil, trenes, etc.- el que concentró la mayor inversión entre 2014 y 2018 en la Comunidad, con 2.232 millones. En contraste, en el calzado se invirtieron 24 millones y en el juguete, sólo 3,7.
«El sistema de financiación autonómica resulta insostenible»
El ente asegura que la situación de la Comunidad sería más favorable con los recursos que le corresponden
La Memoria del Comité Económico y Social incide un año más en los efectos de la infrafinanciación en la Comunidad y asegura que, con los recursos que le corresponderían por su peso poblacional, la situación económica «sería más favorable». Así, el ente consultivo recuerda que la autonomía es la única que, además de recibir un 19% menos que la media por habitante, presenta una balanza fiscal negativa, es decir, que aporta al Estado más de lo que recibe, a pesar de que su renta per cápita es inferior a la del conjunto del país. Una situación que, como recuerda el CES, se traduce en un «desigual despliegue territorial de los servicios públicos fundamentales», pero también en la menor disponibilidad de fondos para otro tipo de políticas, como las de incentivo de la innovación o las infraestructuras
«El mantenimiento de la actual configuración del sistema de financiación autonómica resulta insostenible», apunta el ente, que aboga por la condonación de la denominada deuda histórica que arrastra la autonomía por este motivo y que cifra en 20.000 millones.
Actuación europea
Por otro lado, el CES también expresa su temor de que las bajas perspectivas de crecimiento de la zona euro acaben desembocando «en otra crisis socioeconómica en un futuro no muy lejano». Por eso, respalda la petición del Comité Económico y Social de España para que se pongan en marcha medidas a nivel europeo para fomentar la «resiliencia» de la economía de la UE y evitar que una nueva recesión tenga un coste social tan elevado como la anterior. Unas medidas que pasan por estimular la productividad empresarial.
