Los promotores especializados en vivienda vacacional quieren que se reconozca el peso que esta actividad tiene en la economía de la Comunidad y de la provincia de Alicante, y contar con su propio interlocutor en el Consell para acabar con la situación actual, que les obliga a ir dando tumbos del departamento de Turismo al de Urbanismo sin que nadie acabe de entenderles ni solucione sus problemas por completo. Así, hasta trece de las principales organizaciones empresariales y económicas de Alicante, lideradas por la patronal del ramo, Provia, además de las dos universidades públicas, han suscrito un manifiesto en el que reclaman al presidente electo de la Generalitat, Ximo Puig, la creación de una Dirección General de Turismo Residencial, que dependa de la Conselleria que se quede con las competencias de Ordenación del Territorio.

Las razones que esgrimen son de peso. En el escrito, que remitieron a Puig el pasado viernes, las organizaciones firmantes recuerdan que Alicante es la provincia líder en este terreno en toda España y que en el conjunto de la autonomía la venta de viviendas a extranjeros facturó el año pasado más de 3.600 millones de euros, sin incluir impuestos ni gastos de implantación. «Más del 60% de los viajeros que aterrizan en el aeropuerto de Alicante-Elche son turistas residenciales y generan más del 75% de las pernoctaciones en nuestra provincia», insisten los empresarios, que señalan que en el conjunto de la Comunidad esta modalidad turística también representa el 70% de los viajeros.

En este sentido, insisten en que su actividad necesita un «tratamiento específico» que recoja y aúne su doble enfoque: el turístico y el residencial. «Nosotros estamos encantados con Francesc Colomer (el director general de Turismo) pero el problema es que tiene las competencias que tiene y no nos puede ayudar con los temas urbanísticos. Y, cuando vas a la Conselleria de Territorio, sólo tratan la vivienda desde el punto de vista de la primera residencia y no entienden que somos también una actividad turística y que, a lo mejor, los requisitos que quiere un británico para su casa de vacaciones no son los mismos que los que necesita una familia para vivir todo el año», insiste el presidente de Provia, Antonio Fernández. «Lo que queremos es una persona que entienda el negocio y que tenga capacidad para solucionar los problemas», señala el empresario.

Así, Fernández recalca la necesidad de que la promoción de segundas residencias no puede seguir los mismo parámetros que el resto del sector. «No tiene sentido que en una urbanización en un campo de golf se exija un 30% de VPO porque al final lo que genera son vertederos, suelos que nunca se aprovechan, cuando lo que se debería exigir son otras fórmulas que permitan compensar y desarrollar esas viviendas en otra zona», apunta a modo de ejemplo.

Aunque es Provia quien lidera la iniciativa, lo cierto es que la petición está firmada por las principales patronales e instituciones económicas de la zona, empezando por la patronal autonómica CEV, las Cámaras de Comercio de Alicante y Orihuela o Uepal. También suscriben la petición la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia (Ineca), el Círculo de Economía, Fundeun, Jovempa y la Asociación de Empresarios de la Vega Baja. Dicho de otra forma, que la solicitud ha concitado el respaldo unánime de la plana mayor del empresariado alicantino, lo que también da una idea de la importancia de este negocio. Además, también se han adherido la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández de Elche.

«Hay pocas actividades en las que seamos líderes. Para una que tenemos, debería recibir más atención», asegura el presidente de Provia. El año pasado los extranjeros compraron más 23.060 viviendas en la provincia, según datos del Colegio Notarial, lo que supuso más de la mitad de todas las operaciones que se registraron en la zona.