La Comunidad Valenciana no sale muy bien parada en el informe revisión integral del gasto público («Spending Review») en políticas activas de empleo presentado ayer por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Uno de los aspectos en que la autonomía se encuentra en los puestos de cola del ránking es en el referido al gasto por demandante de empleo en 2017. Concretamente, es la tercera con menos inversión en este capítulo, con sólo 29,84 euros, frente a la media nacional de 44,59 euros. Pero, además, se encuentra muy alejada del País Vasco, que es la primera al destinar la mayor cuantía, con 97,62 euros por parado. En general, el organismo ha detectado diferencias de rendimiento de los servicios públicos de empleo en las distintas autonomías. Asturias, Cataluña y Aragón arrojan los mejores resultados, mientras que en Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias son peores.
Además, los datos aportados en el informe correspondientes a 2017, también elevan al primer puesto del ránking a la Comunidad, pero en este caso en lo que se refiere al mayor número de parados por oficina. En la comparativa autonómica, la Valenciana lidera la tabla, con 17.653, por encima de la media estatal de 11.064 y muy alejada, otra vez, del País Vasco, donde el número de demandantes de empleo por sede baja hasta los 8.706, lo que le lleva a ocupar el sexto puesto entre las de menor «saturación». El primer lugar lo ocupa La Rioja, con 6.003 parados.
No obstante, el informe no depara solo malas noticias para la Comunidad, durante la presentación del estudio, los representantes de la Airef destacaron a la autonomía al referirse a una de las propuestas que plantean para mejorar la gobernanza en las políticas activas de empleo. La Autoridad Independiente Fiscal aconseja para las oficinas y centros de formación, «crear áreas en los servicios públicos de empleo con especialistas dedicados a captar ofertas de empleo, definir perfiles de empleos en función de la demanda de las empresas y mantener un contacto permanente con las oficinas, como ocurre en Finlandia».
Amplio margen de mejora
En este sentido, los expertos de la Airef subrayaron que en lo que se refiere a la captación de ofertas de empleo «la Comunidad Valenciana lo hace bien. Y esa es la línea adecuada», incidieron. Estas recomendaciones están dirigidas a que las oficinas sean más cercanas a las empresas para conocer sus demandas de empleo, lo que les permitirá potenciar su función en la intermediación laboral. En general, el análisis de la Airef ve un «amplio margen de mejora» en la gobernanza y la eficacia de los entre 6.100 y 6.500 millones de euros que calcula que se gastaron en España en políticas activas de empleo en 2017, ya que considera que presentan «claras deficiencias» que cuestionan la calidad del gasto. De ahí que plantee implementar herramientas de perfilado, incorporar la evaluación como práctica habitual y «diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales». También aboga por revisar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo y cuestiona el elevado porcentaje que se destina dentro de estos programas a los incentivos a la contratación. La Airef reconoce que «no es posible» conocer el importe exacto que se destina a los programas ante la complejidad administrativa y las grandes diferencias entre las comunidades autónomas.
Incentivos a la contratación
Paralelamente, el organismo apunta con respecto al PIB que España tiene un gasto similar a otros países de la UE. Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de desempleados, esa inversión se reduce «significativamente» y también presenta una estructura «muy sesgada» hacia los incentivos a la contratación. El 40% de la inversión en políticas activas de empleo se destina a incentivos a la contratación; un 25%, a la formación y un 20% a otros, como creación de empleo público o apoyo al emprendimiento. El 15% restante se dirige a la orientación. No parece que los estímulos a la contratación sean «las políticas más adecuadas», advirtió la Airef, que recordó que en países como Alemania estos incentivos suponen menos del 20% del gasto. En cambio, la Autoridad Fiscal sí consideró que la orientación derivada de estos programas funciona «relativamente bien» y es la menos costosa, aunque sus efectos se ven más a medio plazo. Por otra parte, la Airef consideró «bastante cuestionable» el sistema de subvenciones» para la formación y aseguró que ha detectado que el plan Prepara, dirigido a parados de larga duración «no mejora la empleabilidad». Un plan que contó con más de 850.000 usuarios entre 2012 y 2017, con un coste de 1.432 millones. Según el informe, los datos y los sistemas de información de este plan son «muy heterogéneos, de calidad mejorable e impiden un análisis» más amplio.
