d. navarro
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) encarga cada año un informe a expertos independientes para calcular la pérdida máxima prevista sobre los 24.644 millones de euros en que la CAM tenía valorados los activos que se incluyeron en el Esquema de Protección, básicamente, créditos a promotores e inmuebles. Con la excepción de 2016, cada ejercicio las previsiones han ido a peor hasta el punto que el último de estos informes ya daba por irrecuperable más de la mitad de ese dinero.
De esta forma, a 31 de diciembre del pasado año, los expertos contratados por el organismo preveían una pérdida de 13.184 millones sobre el importe inicial, o, lo que es lo mismo, del 54%, lo que da cuenta del riesgo que llegó a asumir la extinta caja alicantina. Curiosamente, quien siempre tuvo más o menos clara esta cifra fue el Sabadell, que desde un principio apuntó a que el valor real de la cartera se situaría por debajo de la mitad de la cifra inicial. De ahí su exigencia para que se estableciera este mecanismo de salvaguarda antes de quedarse con la CAM.
Además del correspondiente a la desaparecida caja alicantina, el Fondo de Garantía de Depósitos se hizo cargo de los EPA de Caja Castilla-La Mancha, que fue absorbida por Liberbank y supuso un desembolso para el organismo de 2.475 millones; y de la catalana Unnim, que fue adquirida por el BBVA y por el que ha pagado 491 millones. Fueron las primeras cajas en caer. A partir de ese momento, se optó por cargar las ayudas al sector al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para no comprometer la función principal del FGD, que es garantizar los depósitos de los clientes de las entidades hasta 100.000 euros. Además, se creó la Sareb para traspasar los activos inmobiliarios de las entidades que se nacionalizaron.
