La huida de los consumidores de los vehículos diésel tras los escándalos de la manipulación de emisiones y, sobre todo, ante las posibles restricciones a la circulación de los modelos más contaminantes, que ya aplican ciudades como Madrid, está teniendo consecuencias inesperadas. Mientras fabricantes y concesionarios han puesto el grito en el cielo ante la amenaza que supone para su negocio, las administraciones autonómicas se han visto beneficiadas, gracias al incremento que este trasvase de compradores del gasoil a la gasolina ha provocado en la recaudación del Impuesto de Matriculación de automóviles. Un aumento que en el caso de la Comunidad Valenciana ha superado el 30% sólo en el último año, según los datos de la Agencia Tributaria.
En concreto, durante 2018 los ingresos por este impuesto alcanzaron en la autonomía los 53 millones de euros frente a los 40,6 del ejercicio anterior, o los 32,7 registrados en 2016. Eso sí, estas cifras sólo tienen en cuenta las cuatro primeras categorías del impuesto, las que corresponden básicamente a los automóviles, lo que deja fuera a motocicletas, embarcaciones o avionetas, que también están sometidas a este régimen fiscal.
Desde la Generalitat señalan que, si se tienen en cuenta todas las categorías, se ha pasado de 45,4 a 54,2 millones y lo atribuyen al incremento de las matriculaciones. Sin embargo, desde la patronal de los concesionarios, Faconauto, no comparten este análisis, que tampoco parecen corroborar los datos de la Agencia Tributaria ya que, en el caso de los coches, las matriculaciones sólo aumentaron un 3,7% mientras que la recaudación del impuesto lo hizo un 30,5%.
Para los empresarios el motivo es otro. Así, explican que, aunque los motores diésel -sobre todo los antiguos- son los responsables de las emisiones de óxido de nitrógeno, que son las que provocan la contaminación en las ciudades, los vehículos de gasolina son los que producen más dióxido de carbono (CO2), que es el principal responsable del efecto invernadero y el que marca la cuota a pagar en este impuesto. En concreto, la organización empresarial calcula que, de media, los coches gasolina expulsan hasta un 20% más CO2.
A esto hay que sumar los cambios introducidos en la forma de medir las emisiones con el nuevo protocolo WLTP, que entró en vigor en septiembre y que, al tener en cuenta condiciones más similares a las de una conducción normal, ha elevado las cifras de algunos modelos.
El resultado de la combinación de todo lo anterior es que el volumen de vehículos que ahora debe pagar este tributo -del que están exentos los modelos que no llegan a los 120 gramos de CO2 por kilómetro- es mayor y también la cuota media a abonar. En concreto, si en 2016 se libraban del impuesto el 76,2% de los automóviles matriculados en la Comunidad, en el último ejercicio la cifra había descendido nueve puntos, hasta el 67,3%.
A todo esto hay que añadir que hace dos años el Consell subió el tipo que se aplica a los vehículos más contaminantes -los que emiten más de 200 gramos- hasta el 16% de su valor, y que baraja hacer lo mismo en el tramo intermedio, el que incluye a los coches que expulsan entre 160 y 200 gramos de CO2, que ahora pagan el 9,75%.
Las ventas se hunden
Lo más llamativo del caso es que este aumento de recaudación ha continuado en los primeros meses de este año -de enero a abril se ingresaron 20 millones frente a las 14,9 del año pasado- a pesar de la caída de ventas que se ha registrado en el mismo periodo, del 12,5% en el conjunto de la autonomía. Un retroceso especialmente acusado en el caso del diésel -con descensos del 40%-, pero que también afecta a los coches de gasolina. Para Faconauto, esta caída no tiene justificación en la situación económica actual y es fruto de la «incertidumbre» que se ha generado alrededor de posibles restricciones a determinados vehículos, «lo que ha llevado a muchos compradores a retrasar su decisión de compra».
«Compré un coche y me engañaron»
El escándalo del «dieselgate». Los afectados por el trucaje de los motores que realizó Volkswagen tienen hasta el próximo día 30 para sumarse a la demanda colectiva que se ha presentado en Alemania
«Compré un automóvil con todas las de la ley y luego descubrí que me habían engañado. Cada vez que cojo el coche voy contaminando más de lo debido y el error no es mío. Quiero que paguen por lo que han hecho y que se me indemnice», asegura Ana Belén Villaroya. Esta profesora es uno de los 240 alicantinos que, hasta el momento, se han unido a la demanda colectiva presentada ante la Corte de Apelación de Brunswik contra Volkswagen, por la manipulación que el grupo automovilístico realizó durante años en el software que controla sus motores diésel, con el objetivo de reducir artificialmente sus niveles de emisiones.
«Quiero que paguen por lo que han hecho y que se me indemnice», ANA BELÉN VILLAROYA | AFECTADA
En todo el país ya son más de 3.000 los que se han sumado a esta acción judicial, según las cifras ofrecidas por la Agrupación de Afectados por Volkswagen, el consorcio de bufetes que se han unido para canalizar estos casos y que en Alicante representa el abogado Sergio Meler. Tras años de espera, será el próximo 30 de septiembre cuando el tribunal celebre la vista oral del caso, que podría dar lugar a importantes indemnizaciones. Al respecto, Meler señala que el Tribunal Supremo alemán ya ha determinado la ilegalidad del mecanismo utilizado, lo que, según el letrado, daría lugar a la nulidad de los contratos y a que «la marca deba devolver el importe íntegro de los coches o tenga que sustituirlos por otros nuevos». También recuerda que en Estados Unidos el fabricante ha tenido que indemnizar con 5.000 dólares a cada cliente afectado.
«Confié en la marca y me tomaron el pelo. Ahora deben responder por ello», PEDRO VILLA | AFECTADO
La fijación de la vista, sin embargo, tiene otra contrapartida y es que quienes todavía se estén pensando si sumarse o no a la demanda sólo tienen hasta el próximo 30 de junio para hacerlo, al menos si quieren unirse a través de esta agrupación. Lo cierto es que la cifra de demandantes parece baja si se tiene en cuenta que, según los cálculos de la propia asociación, entre 2009 y 2015 se matricularon en Alicante más de 35.000 vehículos diésel de las marcas del grupo alemán. Quienes sí se han decidido lo tienen bastante claro. «No fueron sinceros con nosotros. Yo me compré un Passat confiando en una marca como Volkswagen y me tomaron el pelo. Ahora deben responder por ello», asegura Pedro Villa, que confía en que la Justicia les dé la razón.
