La factura del rescate de la CAM no deja de aumentar. El informe anual del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) revela que este organismo lleva desembolsados nada menos que 9.543 millones para compensar las pérdidas que arrastraba el balance de la desaparecida caja de ahorros alicantina, que fue adjudicada al Sabadell tras su intervención. En concreto, el organismo ha pagado hasta la fecha 5.249 millones de euros por la inyección que tuvo que recibir la entidad para recapitalizarse antes de su subasta, y otros 4.294 millones con cargo al Esquema de Protección de Activos (EPA) que se concedió al Sabadell para ayudarle a digerir el ladrillo tóxico que acumulaba la CAM en sus cuentas y que fue una de las principales causas de su caída.
La última de estas facturas se pagó el pasado 28 de febrero, cuando el fondo, que se nutre de las aportaciones obligatorias de todas las entidades de crédito españolas, transfirió 994 millones al banco domiciliado en Alicante con cargo a los números rojos que provocó la venta de créditos e inmuebles acogidos a este mecanismo durante el año pasado. Anteriormente, ya había pagado 825 millones en 2016; otros 983 millones en 2017; y hasta 1.429 en 2018, cuando también abonó una cuarta factura de 60 millones, después de que el fondo diera la razón en una discrepancia que mantenían sobre la liquidación del ejercicio anterior.
En cualquier caso, estas cifras no son ni mucho menos definitivas, ya que la vigencia del EPA se prolonga hasta 2021 y, además, la colocación acelerada de estos activos en grandes carteras que realizó el Sabadell el pasado verano podría aumentar aún más las pérdidas previstas, ya que en este tipo de operaciones los compradores suelen exigir mayores descuentos. Por eso, según recoge la memoria, el Fondo de Garantía ha optado por blindarse y el pasado diciembre llegó a un acuerdo con el Sabadell para limitar el importe máximo de las compensaciones que abonará por lo que queda de EPA, como paso previo a dar su visto bueno a las citadas ventas.
Según las fuentes consultadas, el organismo ha dado ya su autorización para la venta de la cartera Makalu, que fue adjudicada a Deutsche Bank, pero todavía tendría pendiente de aprobar las de mayor importe, las que colocó al fondo norteamericano Cerberus.
De esta forma, el acuerdo establece que el tope que el Fondo de Garantía pagará por el total del Esquema de Protección será de 7.386 millones de euros, lo que significa que el máximo que el organismo tenía pendiente de abonar a la firma del documento era de 4.147 millones, una cantidad que se ha rebajado hasta los 3.091 millones, tras los últimos pagos. Si las pérdidas superan esta cantidad, será el Sabadell quien ponga de su bolsillo el importe restante, junto con el 20% que ya le corresponde de forma ordinaria. Un cargo que el banco está dispuesto a asumir con tal de sanear su balance lo antes posible y olvidarse definitivamente de los estragos de la crisis.
En este sentido, cabe recordar que, además de la parte que le corresponde al Fondo de Garantía de Depósitos, que asume el 80% de las pérdidas, el rescate de la CAM también ha consumido ya los 3.882 millones de euros en provisiones que tenía la propia caja en el momento de su quiebra, mientras que el Sabadell ha asumido otros 1.073 millones por su 20%. Esto sitúa el coste total del rescate de la CAM hasta la fecha en 14.498 millones.
Aunque no se trata de dinero público, ya que son las entidades quienes lo financian, el gasto del Fondo de Garantía sí computa a la hora de calcular el déficit estatal.
El organismo da por perdido más de la mitad del ladrillo de la caja
El valor nominal de los activos acogidos al Esquema de Protección sumaba 24.644 millones inicialmente
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) encarga cada año un informe a expertos independientes para calcular la pérdida máxima prevista sobre los 24.644 millones de euros en que la CAM tenía valorados los activos que se incluyeron en el Esquema de Protección, básicamente, créditos a promotores e inmuebles. Con la excepción de 2016, cada ejercicio las previsiones han ido a peor hasta el punto que el último de estos informes ya daba por irrecuperable más de la mitad de ese dinero.
De esta forma, a 31 de diciembre del pasado año, los expertos contratados por el organismo preveían una pérdida de 13.184 millones sobre el importe inicial, o, lo que es lo mismo, del 54%, lo que da cuenta del riesgo que llegó a asumir la extinta caja alicantina. Curiosamente, quien siempre tuvo más o menos clara esta cifra fue el Sabadell, que desde un principio apuntó a que el valor real de la cartera se situaría por debajo de la mitad de la cifra inicial. De ahí su exigencia para que se estableciera este mecanismo de salvaguarda antes de quedarse con la CAM.
Además del correspondiente a la desaparecida caja alicantina, el Fondo de Garantía de Depósitos se hizo cargo de los EPA de Caja Castilla-La Mancha, que fue absorbida por Liberbank y supuso un desembolso para el organismo de 2.475 millones; y de la catalana Unnim, que fue adquirida por el BBVA y por el que ha pagado 491 millones. Fueron las primeras cajas en caer. A partir de ese momento, se optó por cargar las ayudas al sector al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para no comprometer la función principal del FGD, que es garantizar los depósitos de los clientes de las entidades hasta 100.000 euros. Además, se creó la Sareb para traspasar los activos inmobiliarios de las entidades que se nacionalizaron.
