«¿Ahorrar? Yo no puedo ahorrar. Llego muy justa a fin de mes; y, además, ayudo a mi hija que está en paro y a mis nietos cuando puedo», aseguraba ayer María José, una pensionista alicantina de 70 años, que trabajó de funcionaria y que, aunque no reveló la cuantía de su prestación, insistió en que la pensión no le permite economizar más. Esta es una situación muy similar a la que viven miles de jubilados, jóvenes, trabajadores y parados de Alicante. Una provincia cuya tasa de desempleo es del 15,4%, y donde el salario medio es de 15.938 euros brutos al año y la pensión media no alcanza los mil euros al mes. Se sitúa en los 855,66 mensuales.
A personas como María José o como Mayka y Ana, de 39 años ambas, les sorprenden las advertencias del último informe del Banco de España publicado el martes sobre los efectos en el futuro del «elevado dinamismo» del consumo privado debido, en parte, al descenso de la tasa de ahorro y al crecimiento «elevado» del crédito al consumo. Si el supervisor alerta de que algunos hogares están siendo «excesivamente optimistas» a la hora de tomar decisiones de consumo debido a que la mejoría de la economía y del empleo hace que la ciudadanía esté «más confiada sobre su futuro y que pueda gastar algo más», Mayka y Ana entienden que no es su caso. «Nosotras vamos justas. Y, si no se puede salir de ocio, no se sale. Pero no podemos ahorrar y menos meternos en créditos», aseguraba muy rotunda Mayka.
Escenarios «poco favorables»
En realidad, la alerta lanzada por la entidad que dirige Pablo Hernández de Cos incide en que, en el caso de algunos hogares más vulnerables, aquellos con las rentas más bajas, la combinación de un ahorro bajo y cierta acumulación de deudas puede provocar escenarios futuros «poco favorables» y aumentar su presión financiera.
La radiografía escrita en un documento por el supervisor ha creado gran revuelo y polémica entre los ciudadanos y entre los sindicatos. Incluso ayer mismo la ministra en funciones de Economía y Empresa, Nadia Calviño, consideraba que «es indudable» que se tiene que ir recuperando la renta disponible de las familias, si bien replicaba al Banco de España que, «si una familia no puede llegar a final de mes, no puede ahorrar». También dijo que el problema del precio de los alquileres de vivienda no se resuelve con una medida «independiente», y avanzó que se tomarán nuevas medidas desde el lado de la oferta y la demanda.
Para Martín Sevilla, catedrático del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante e investigador del Instituto de Economía Internacional de la UA, el informe del supervisor alerta sobre todo de que, «en realidad, estamos consumiendo por encima de la renta disponible». Una advertencia que viene a decir que el crecimiento se está realizando a través de la financiación, en vez del ahorro. Una situación que, para el catedrático, nos retrotraería al año 2000, y el aviso obedecería a los temores de que una situación de excesivo gasto y endeudamiento de las familias y una baja tasa de ahorro conduzcan a un escenario poco favorable, «en el caso de que cambie el ciclo», como ocurrió en la crisis que se inició en 2008. Entonces, el problema radicaba en las inversiones y la adquisición de vivienda, que aumentó el endeudamiento, «que es el problema», subrayaba el experto de la UA.
Tipos de interés casi nulos
Según el informe del Banco de España la tasa de ahorro se sitúa en estos momentos alrededor del 5% de la Renta Bruta Disponible (RBD). Pero este bajo nivel de reserva de los españoles está determinado, en realidad, por la escasez de recursos. «Aunque la gente quiera ahorrar, no puede porque no tiene ingresos; pero, también, porque los tipos de interés del ahorro son casi nulos. Aunque la gente quiera economizar, no se lo retribuyen», subrayaba Martín Sevilla. Así, la otra alternativa es consumir en bienes corrientes o el sector inmobiliario, apuntan otras fuentes.
El Banco de España pide a los hogares que sean «cautelosos» en sus planes de gasto y endeudamiento y que no contraigan deudas más allá de lo que marquen las «estimaciones prudentes».
Para representantes de CC OO, «el problema no es el ahorro, es la pobreza» y consideraban un «disparate» responsabilizar a las «rentas más vulnerables» de «las bajas tasas de ahorro y de su situación de pobreza». Para el responsable de Empleo del sindicato en l'Alacantí-Les Marines, José María Ruiz Olmos, el propio supervisor «apunta a la mala calidad del empleo creado, a la insuficiencia de los salarios. Y, así, la gente tiene que sobrevivir como pueda, incluso, recurriendo al ahorro», argumentaba.
Pero el contexto más adecuado y de equilibrio al que alude el supervisor es muy difícil de cumplir para más de 36.000 hogares de la provincia que intentan salir adelante sin ningún perceptor de ingresos. Una cifra, además, que es superior a los 29.000 que había a comienzos de 2008, pese a que en los últimos años el número se ha visto reducido por el impulso de la reactivación y la mejora económica, advertía Ruiz Olmos.
Una pensión para la familia
Tampoco entiende las recetas de Hernández de Cos otro jubilado alicantino de 76 años. Vicente percibe una prestación mensual de 670 euros. Una cuantía de la que tienen que vivir su hijo, que está en paro, y su hija que, aunque trabaja, también vive bajo su techo porque está separada. «Y es ella la que, a veces, me tiene que ayudar a pagar el recibo de la luz», asegura Vicente. «Así, ¿cómo voy a ahorrar, si no me llega la pensión?. Yo soy de los que tienen poco, pero no gasto más, lo justo», añadía ayer a la hora de ir a hacer la compra al supermercado.
Además de a los hogares, el supervisor pide, igualmente, cautela a las entidades financieras, ya que, aunque entiende que en un contexto de rentabilidades bajas el sector busque nichos de negocio, esto no puede condicionar «en ningún caso» la solvencia de las entidades, advierte el organismo que dirige Hernández de Cos.
Y los sindicatos insisten en su respuesta al análisis del Banco de España de que «si se reduce el ahorro es porque la calidad de los ingresos es insuficiente para vivir y porque el empleo creado es muy precario y volátil», coinciden Ruiz Olmos, de CC OO; y Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina. Los representantes sindicales tampoco entienden la postura del Banco de España cuando en el mismo documento también se reconoce que la desigualdad ha aumentado durante la crisis y considera que el «objetivo prioritario» de la política económica debe ser conseguir que los beneficios de la recuperación «se hagan extensivos a capas de la sociedad tan amplias como sea posible», por lo que apuesta por aumentos de la ocupación y de la calidad del empleo.
Además, la propia radiografía que hace el Banco de España en su balance de 2018 habla de una «disfuncionalidad» del mercado de trabajo, cuyo principal rasgo es la «persistencia de una tasa de paro muy alta», al tiempo que indica que la calidad del empleo, «con tasas de temporalidad y parcialidad no deseada muy elevadas, admite márgenes de mejora significativos».
Cambios regulatorios
Y entre las recetas para mejorar esta situación, sugiere mejorar el capital humano del colectivo de parados de menor formación y el diseño institucional del sistema educativo, así como cambios regulatorios que mejoren el atractivo de la contratación indefinida, adecuar las retribuciones salariales a la productividad, reducir la dualidad del mercado laboral, revisar las regulaciones que dificultan el crecimiento empresarial y mejorar el déficit de capital humano y tecnológico. También apuesta por revisar la composición de gastos e ingresos públicos para aumentar su eficiencia.
La responsable de UGT en l'Alacantí, Yaissel Sánchez, comparte «con matices» el análisis del supervisor en lo relacionado con «los hogares más vulnerables y el destino de sus ingresos, en cuanto a las hipotecas, al igual que su reflexión sobre la escasa duración de la contratación y el exceso de la temporalidad, como otra disfuncionalidad grave del mercado laboral».
Las bonificaciones y el empleo
No obstante, la dirigente ugetista rechaza las recetas del documento, ya que «el sindicato viene defendiendo la necesidad de que exista un equilibrio y reparto de la riqueza que se ha venido produciendo en el país desde 2014, con el inicio de la recuperación, aunque ahora se hable de desaceleración económica». Además, Yaissel Sánchez negaba que las bonificaciones a la contratación a las que alude la entidad supervisora haya dado sus frutos. «Al menos, hasta ahora no han generado empleo, ya que se limitan a producir una reducción de los costes laborales». Por su parte, la patronal CEV contextualizaba ayer que, en general «la economía se ha recuperado y, pese a la ligera ralentización, continúa creciendo sobre bases más sólidas y a tasas más altas», según destacaba Perfecto Palacio, mandatario de CEV en Alicante. Sí reconocen desde la organización empresarial que existen segmentos de hogares «que al haber recuperado su propensión al consumo a niveles normales y no acompasados con incrementos de renta equivalentes, su margen para el ahorro es mínimo o nulo».
Palacio, no obstante, pronosticaba que las mejoras en la actividad real y en el empleo, así como en el control de la inflación, «contribuirán a que los parámetros vuelvan a estándares normales».
Mientras tanto, desde los sindicatos insisten en la derogación de la reforma laboral para acabar con muchos de los desequilibrios actuales del mercado de trabajo, especialmente en la provincia.
Siete municipios de la provincia, en el grupo de los que tienen menor renta
Poco más de 7.000 euros es la renta per cápita de poblaciones como Almoradí o Torrevieja
Municipios ricos y municipios pobres. No es el título de ninguna película. Es la distribución derivada de la estadística sobre las poblaciones europeas con más de 20.000 habitantes, incluidas en el Proyecto Indicadores Urbanos que pretende medir las condiciones de vida de las principales ciudades de la Unión Europea y los países candidatos.
El estudio incluye 405 municipios de la zona comunitaria, de ellos 126 españoles, con más de 20.000 habitantes. Y, lamentablemente, en el ránking entre las poblaciones con menor renta media anual por habitante en España figuran siete de la provincia. En primer lugar, Almoradí, con unos recursos medios anuales per cápita de 7.148 euros; seguida de Torrevieja, con 7.271; Calp, con 7.287; y Crevillent, con 7.541 euros. Y superando la barrera de los 7.600 euros de renta media anual por habitante se encuentran Pilar de la Horadada (7.725 euros), Aspe (7.763 euros) y l'Alfàs del Pi, que registra la cifra más elevada de este grupo, con casi 8.000 euros.
Unos posicionamientos que, aunque no se detallen en la estadística, indicarían una gran limitación a la hora de disponer de recursos para poder tener cubiertas las necesidades básicas. Si se hiciera una extrapolación y se comparasen estas cifras con las del Salario Mínimo Interporfesional (SMI), se detectaría que todas ellas es encuentran por debajo, ya que los 900 euros mensuales a que este año se ha elevado el salario mínimo representan 12.600 euros anuales, incluidas catorce pagas. Y si las rentas de estos municipios provinciales se confrontan con los que aparecen en la tabla como los más ricos, las diferencias son muy abultadas. De hecho, la renta media anual per cápita de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que encabeza la lista de los de mayor renta en España, alcanza los 25.957 euros. Una cifra que triplica la de Almoradí. Como única excepción, entre las ciudades clasificadas por nivel de actividad, la de San Vicente del Raspeig aparece entre las de mayor tasa, con un 62,9, frente a la de Rivas-Vacia Madrid, que encabeza el listado, con 70,9.
