La Audiencia Nacional ha decidido retrasar aproximadamente un mes el juicio que debía celebrarse a partir del lunes 3 de junio, por las supuestas irregularidades que se produjeron en los negocios que la CAM realizó con los hoteleros Juan Ferri y José Baldó en el Caribe. Un caso por el que los empresarios se enfrentan a una petición de pena de hasta 22 años de cárcel por un supuesto delito de administración desleal -por los créditos que la caja alicantina concedió para la construcción de varios complejos turísticos sin cumplir con la normativa, según las acusaciones pública y particular- y hasta seis delitos fiscales por simular que la gestión de estos establecimientos se realizaba desde Curaçao para evitar impuestos. Unos hechos de los que también se responsabiliza al director financiero de los hoteleros, Francisco Climent.
Igualmente, están acusados en este caso, aunque únicamente por el delito de administración desleal, por el que se les reclama cuatro años de pena, el exdirector general de la CAM Roberto López Abad; el exresponsable de la filial inmobiliaria de la caja Daniel Gil; los que fueran miembros de la comisión de control de la entidad Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, María Asunción Martínez y Francisco Grau (conocido por ser el asesor fiscal de Eduardo Zaplana).
Ferri y Baldó han mantenido negociaciones con la Agencia Tributaria con el objetivo de que este organismo les reduzca de seis a dos los delitos fiscales de que se les acusa, para que su condena no implique su entrada en prisión. A cambio, los empresarios han ofrecido pagar hasta siete de los 11,6 millones de euros supuestamente defraudados. Sin embargo, el acuerdo pondría en un aprieto a los directivos de la CAM al reconocer los hechos.
